En la cocina de su casa, mientras sirve unas caraotas, María Gil, habla de otras habilidades que ha tenido que desarrollar en los últimos cuatro meses. “Ahora entiendo de Criminalística y cada vez estoy más segura de que a mi hijo lo ejecutaron vilmente”, afirma al recordar la  muerte de Leonidas Rafael Ordosgoiti Gil, de 30 años de edad, presuntamente a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

“Él no se enfrentó a la policía, eso es mentira. Él salió negativo en la prueba de ATD. Eso significa Análisis de Trazas de Disparo. Así consta en el expediente. Tenemos pruebas de que mi hijo no disparó sino que lo ejecutaron”, reiteró con firmeza la mujer de 66 años de edad. 

 

La madre explica que en la morgue de Bello Monte también le aseguraron que la autopsia no reveló indicio alguno de que Ordosgoiti Gil hubiera disparado. “Ellos me dijeron que mi hijo estaba limpio. La fiscal también lo sabe. Los trazos de pólvora no salen ni con agua”, sostuvo.

 

Cada día, desde que murió de su hijo, María espera en su cocina a que “Junior” (así llamaban a Leonidas Rafael) baje a pedirle la bendición. Sabe que eso no ocurrirá, pero es un ritual que no puede y no quiere dejar de hacer.

 

Ordosgoiti Gil habría sido ejecutado por funcionarios de las FAES a las 9:00 pm del 7 de junio de 2019, en la carretera Mamera-El Junquito. Ese día, el hombre había ido a cobrar un dinero en Catia por la venta de una mercancía que traía desde Colombia. La versión oficial indica que él abrió fuego contra los policías y se produjo un enfrentamiento.

 

El fallecido era el menor de cuatro hermanos y siempre vivió en la casa de sus padres, ubicada en el sector El Junko, en la parroquia El Junquito. La venta de fresas con crema fue el principal sustento de la familia.
 “Siempre nos quedábamos viendo televisión juntos hasta la madrugada. Lo hicimos costumbre. Luego de su tiempo en la cárcel, no quería separarme de mi hijo”, señaló.  La madre refiere de soslayo los antecedentes penales de Ordosgoiti Gil por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2011, como que si ello nada tuviera que ver con la presunta ejecución extrajudicial de la que fue víctima. 

 

Ordosgoiti Gil estuvo privado de libertad durante siete años, hasta el 7 de agosto de 2018. Para la fecha de su detención cursaba séptimo semestre de Derecho en la Universidad Santa María. “A él lo involucraron porque sus amigos de la infancia estaban siendo procesados por ese hecho. Es como dicen: dime con quién andas y te diré quién eres”, alega la mujer. 

 

La madre recuerda que mientras su hijo estaba en prisión, cada noche, justo a las 7:00 pm, la llamaba por teléfono. “Nunca perdimos el contacto. Ahora extraño esas llamadas. Para mí lo más importante era que estuviera vivo”, relató.

 

Leonidas Rafael obtuvo libertad condicional. Debía presentarse una vez al mes ante el tribunal de la causa. “Cuando recuperó su libertad, prosiguió sus estudios y retomó su trabajo como comerciante. Siempre cumplió con las condiciones que le impuso el tribunal e, incluso, obtuvo autorización para salir del país, de modo que volvió a viajar a  Colombia para comprar mercancía que luego revendía en Venezuela”, explicó María.