LA CUENTA PERIODÍSTICA

Entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019, Proiuris revisó las informaciones publicadas en 15 medios de comunicación de 10 estados de Venezuela, que dan cuenta de 269 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 167 de las cuales (62%) se atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. En general, las reseñas periodísticas convalidan la política de “mano dura contra el hampa”

Andrés Martínez 
Infografías: Carlos Gutiérrez

Proiuris se aproximó al relato periodístico sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela a partir de la revisión de reportes sobre actuaciones policiales que concluyen en muertes, publicados en 15 medios de comunicación de 10 estados de Venezuela, durante cinco meses, entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019.

La selección de estados se hizo a partir de la diversidad geográfica que representan:  Aragua, Miranda, Bolívar, Distrito Capital, Sucre, Lara, Táchira, Zulia, Nueva Esparta y Guárico. La selección de medios se hizo sobre la base de su presencia activa en cada uno de los estados: El Pitazo, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Universal, 2001, Últimas Noticias, La Prensa (Lara), El Informador,  Correo del Caroní, La Nación (Táchira), El Periodiquito (Aragua), Frontera, Versión Final, Panorama y El Caribazo.

 

Procedimiento de registro

Mediante una hoja de cálculo, se precisaron los siguientes datos:

1. Fecha del hecho

2. Titular de la nota de prensa

3. Link de la nota de prensa

4. Breve descripción del hecho

5. Uso de términos “abatido”, neutralizado”, “dado de baja”, “caído”

6. Nombre de la víctima

7. Asignación de alias a la víctima

8. Edad de la víctima

9. Género de la víctima

10. Lugar dónde ocurrió el hecho

11. Nombre de familiar, testigo o informante referido en la reseña de prensa

12. Cuerpo(s) de seguridad involucrado(s)

13. Causa oficial de la muerte referida en la reseña de prensa

14. Lugar de la herida mortal

15. Versión oficial de los hechos

16. Hurto o robo de pertenencias de la víctima

17. Presentación de orden de allanamiento

18. Presencia de fiscales del Ministerio Público en el procedimiento

19. Notificación del procedimiento al Ministerio Público

20. Circunstancias del traslado de la víctima a un centro de salud

21. Armas presuntamente incautadas a la víctima

 

Principales hallazgos 

  1. 269 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 167 de ellas a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. En cinco meses de monitoreo, 150 días, se registró un promedio de 1,79 decesos diarios a causa de la brutalidad policial.

  2. 5 masacres en 5 meses que totalizan 45 muertes, 23 de ellas a manos de las FAES.

  3. 99% de las víctimas son del sexo masculino, equivalente a 267 hombres asesinados. En todo el monitoreo solo se registró la muerte de 2 mujeres.

  4. En 100% de los casos revisados no se indica la presencia de un fiscal de Ministerio Público en el operativo policial.

  5. 100% de las víctimas que fueron trasladadas a centros de salud luego de recibir el disparo fallecieron antes de ser ingresados o murieron a los pocos minutos.

  6. 14 de los 15 medios monitoreados privilegian y se hacen eco de las versiones oficiales, a través de las cuales se intenta justificar estas muertes con la calificación de los hechos como casos de resistencia a la autoridad.

  7. Estigmatización de las víctimas mediante alias.

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Victimarios

Las actuaciones de las FAES constituyen 62% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas. No obstante, también se registró la participación de otros funcionarios de la PNB en operativos ajenos a los que realiza el grupo de élite de ese organismo. La participación de la PNB como un cuerpo ajeno a las FAES dejó un saldo de 10 fallecidos; es decir, 3% del total registrado.

 

El segundo lugar de la lista de presuntos victimarios corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 34 víctimas.

 

En cuanto a los cuerpos policiales regionales y municipales, el monitoreo incluye actuaciones presuntamente irregulares de la Policía del Estado Zulia (CPEZ), Policía de Aragua (PoliAragua), Policía de Guárico (PoliGuarico), Policía de Miranda (PoliMiranda), Policía Municipal de Baralt (PoliBaralt), Policía Municipal de Maracaibo (PoliMaracaibo) y el Servicio de Investigación Policial del Estado Zulia (Sipez). Funcionarios de estos cuerpos policiales regionales y municipales fueron señalados por la prensa como responsables de 13 muertes.

 

Componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, suman 17 decesos.

 

Durante el periodo evaluado se reseñaron cuatro operativos en los que participaron dos o más cuerpos de seguridad. Estas incursiones extraordinarias arrojan un saldo de 27 personas asesinadas y constituyen 10% del total registrado.

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Perfil de la víctima

Las personas asesinadas tenían edades comprendidas entre los 18 y los 47 años, con algún tipo de antecedente penal y residencia en zonas pobres. 99% de los muertos son hombres. De las 269 presuntas ejecuciones registradas, apenas dos corresponden a mujeres.

El monitoreo revela que la categoría de edad con más víctimas está entre los 18 y los 25 años. Bajo este parámetro, se identificaron 42 víctimas mientras que el rango que va desde los 26 hasta los 35 años suma 27 decesos. En cuanto al rango que va desde los 36 años en adelante, se registraron 11 asesinatos. De los 269 decesos reportados en prensa, no hay precisión sobre la edad de 181 víctimas.

 

Muertes por estado

Lara es el estado de Venezuela con mayor incidencia de casos de muertes a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Entre mayo y septiembre de 2019, la prensa de Lara reseñó 59 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El segundo estado más afectado por los excesos de la fuerza policial es Miranda, donde los medios registraron 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales. De estos 45 decesos, 17 corresponden a masacres; es decir a procedimientos policiales o militares que concluyen con cinco o más muertes.

En tercer lugar se encuentra Distrito Capital con 31 presuntas ejecuciones extrajudiciales, seguido por Zulia con 28, Sucre con 23, Bolívar y Guárico con 14 y Táchira con 11.

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Masacres

Los medios revisados registraron seis masacres en cuatro de los 10 estados monitoreados. De estos seis hechos cuatro son atribuidos a las FAES, mientras que una de las dos restantes fue un operativo en conjunto entre miembros de Infantería Marina, Brigada Caribes, Cicpc y el cuerpo élite de la PNB, en el estado Sucre.

La primera masacre fue reseñada por la prensa el 3 de junio y se atribuye al grupo élite de la  PNB. Este procedimiento dejó un saldo de cinco fallecidos y ocurrió en el municipio Páez del estado Miranda.

 

La segunda masacre, reseñada el 8 de agosto, también ocurrió en el estado Miranda, en el municipio San Francisco de Yare, a manos de las FAES. Al igual que en el primer caso, dejó un saldo cinco personas asesinadas.

 

El 4 de septiembre, los medios reseñaron un operativo de las FAES en Cariaco, estado Sucre, municipio Ribero, que dejó un saldo de 6 fallecidos. Nuevamente, las autoridades justificaron los asesinatos alegando haberse suscitado un enfrentamiento entre las víctimas y los funcionarios.

 

El 11 de julio, se reseñó un operativo del Ejército en el estado Bolívar, municipio Sifontes que dejó un saldo de 7 fallecidos, entre ellos una mujer. No se precisaron las identidades de las víctimas. Las explicaciones ofrecidas por las autoridades destacan que se trató de un presunto enfrentamiento con miembros de una banda criminal que opera en la zona.

 

El 27 de agosto, una vez más, fueron funcionarios de las FAES los que actuaron en el kilómetro 2 de la Carretera Panamericana y acabaron con la vida de siete personas, según las reseñas periodísticas.

 

La masacre que más llama la atención, por la imprecisión de la información reseñada en los medios locales del estado Sucre, ocurrió bajo el marco de lo que las autoridades denominaron “Operación Libertador”. Este operativo, reseñado por la prensa el 22 de agosto, cobró la vida de 15 personas y los medios no proveyeron mayor información sobre las víctimas que la aportada por el gobernador Edwin Rojas en conferencia de prensa.

Las reseñas periodísticas indican que fue un operativo que contó con la participación “de más de 1.000 hombres y mujeres” pertenecientes a las FAES, Cicpc, Infantería Marina, Comandos Navales y un grupo de comando conocido como Brigada Caribes.

Los reportes periodísticos indican que estas masacres tienen circunstancias recurrentes: ocurren en barrios pobres, la información sobre la identidad de las víctimas es escasa o nula y, en tercer lugar, todas son oficialmente reseñadas como resultados de enfrentamiento entre las víctimas y los funcionarios policiales o militares.

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Convalidación de la retórica oficialista

En todas las reseñas periodísticas revisadas se incluye  una “justificación” de la actuación policial o militar que concluye en muertes, sobre la base de la versión oficial que indica que las presuntas ejecuciones extrajudiciales corresponden a enfrentamientos entre los funcionarios y presuntos delincuentes. Mayoritariamente, los medios de comunicación se apegan al discurso oficial de las autoridades policiales y militares.

 

El temor de los familiares a represalias por denunciar excesos en el uso de la fuerza pública, puede contribuir a la omisión de una versión alternativa. De las 139 notas registradas, solo en 12 se refiere la denuncia de algún familiar o testigo, lo que corresponde apenas a 8% de total monitoreado.

 

Los 15 medios seleccionados para el monitoreo repiten y, en algunos casos hacen suyos, los eufemismos que utilizan las autoridades para tratar de disminuir la gravedad de los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Palabras como “abatido”, “neutralizado”, “caído” son términos del lenguaje policial y militar que se repiten en las reseñas de prensa y, de esta forma, los medios y/o periodistas contribuyen a legitimar la retórica oficial que podría encubrir ejecuciones extrajudiciales como una práctica sistemática en Venezuela