LOS MODUS OPERANDI,

16 PATRONES

A través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente documentados por Proiuris, se identificaron 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces. Los agentes del Estado operan articuladamente. Como también lo ha determinado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la brutalidad policial en Venezuela ha adquirido carácter sistemático

Erick S. González Caldea
 

Deslice el cursor por los íconos 

Irrupción violenta
Terror
en el barrio
Jóvenes
en la mira
Antecedentes 
penales
Presunto enfrentamiento
Ausencia
de fiscales 
Sin orden
de allanamiento
Supuesta 
flagrancia
Robos
Agentes 
encapuchados
Siembra
de armas
Disparos
en zonas vitales
Negación
de socorro 
Represión
de protestas
Alteración de la 
escena del crimen
 

“O caminas o te mato

frente a tus hijos”

 

Richard Avilán Gerardo Campos y Alí Antonio Carrillo, ambos con 26 años de edad, murieron en la misma casa a manos de las FAES, en Las Mayas, aseguraron sus deudos. A las 7:00 am del lunes, los funcionarios allanaron la residencia y sacaron a la familia de Carrillo, mientras sometían a los dos jóvenes. Ambos recibieron más de dos impactos de balas.

 

A la espera de los demás familiares de Richard, estaba Gerliani León, su pareja, sentada afuera de las instalaciones de la morgue de Bello Monte. Relató que Richard estaba en casa de Alí cuando llegaron los funcionarios de las FSAES porque ambos irían juntos a trabajar al Mercado Municipal de Coche.

 

“Me quedé en mi casa. Esa mañana me llamaron diciendo que las FAES se habían metido en el sector y que estaban en la casa de Alí. Me alerté, como pude bajé, pero ya era tarde. A mi esposo lo habían matado”, relató la joven.

 

Ambos cadáveres fueron trasladados hasta el hospital Pérez Carreño sin signos vitales. Richard tenía dos impactos de bala en el pecho.

 

Los familiares de Alí completaron el relato de Gerliani. Según narraron, los oficiales sometieron a ambos jóvenes, pero a Carrillo comenzaron a interrogarlo por algunas personas de la zona. “A él lo arrodillaron y comenzaron a golpearlo. Luego con cada pregunta se volvían más violentos. Primero le dispararon en una pierna y así continuaron. Todo esto frente a sus hijos”, señaló Walker Balsa, cuñado de la víctima.

 

“O caminas o te mato frente a tus hijos’, le dijo uno de los funcionarios que lo obligó a irse hasta el cuarto. Allí lo mataron”, aseguró Balsa y destacó que después del doble homicidio, funcionarios de las FAES limpiaron la sangre de los cuartos y sala con un balde de agua, sacaron todos los cartuchos que quedaron en el suelo y en el techo.  “Ellos se montaron hasta en el techo buscando los cartuchos y balas”, agregó el cuñado.

 

Al igual que en los casos anteriores, en el informe de autopsia no documentaron que tenía tres disparos en ambas piernas y en el pecho. “Cuando llegue aquí me quede sorprendida por la cantidad de familias que también vinieron a retirar a sus familiares por las FAES”, dijo el hombre.

 

Carrillo era obrero y tenía seis hijos. No tenía antecedentes penales a diferencia de Richard, quien estuvo preso hace un año y cinco meses por hurto y robo a mano armada.

"Richard ya había pagado su condena y fue puesto en libertad con órdenes de presentaciones mensuales. Ya estaba a punto de terminar ese proceso, solo le faltaba la boleta de los tribunales. Él se reformó y comenzó a trabajar, más bien incitaba a sus amigos hacer lo mismo. No funcionó”, sostuvo Gerliani.

Carrillo era obrero y tenía seis hijos. No tenía antecedentes penales a diferencia de Richard, quien estuvo preso hace un año y cinco meses por hurto y robo a mano armada.

 

Ambas familias tienen la intención de denunciar lo sucedido ante el Ministerio Público, aunque coinciden que es poco probable que les den justicia a los asesinos de ambos jóvenes. “Queremos denunciar, pero sabemos que no van a hacer nada”, dijo Gerliani. 

El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo

 

 

La mañana del 19 de febrero de 2019 decenas de familiares se agolparon en la morgue de Bello Monte para dar testimonio de la brutal actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana el día anterior. En menos de 24 horas, durante razias  realizadas en varios barrios de Caracas, el grupo élite de la PNB habría acabado con la vida de nueve personas.

 

Esta vez, las FAES solo reportaron un procedimiento: el caso de Deivis Ramsés Brito, a quien estigmatizaron como un delincuente apodado “el chino”, quien habría muerto por “resistencia a la autoridad” en un operativo realizado en San Agustín del Sur. Una vez más se usó el eufemismo “neutralizado” que pudiera enmascarar una ejecución extrajudicial.

 

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle el lunes 18 de febrero no fueron informados, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

 

Frente al intento de invisibilidad la brutalidad policial, los familiares aportaron información sobre irregularidades y contradicciones en las informes de autopsias y certificados de defunción, las cuales indican que las FAES también se esfuerzan por mantener la impunidad de los excesos que se les atribuyen.

 

Además de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22 años; Yorman Allende Figueroa, de 22 años; Samuel Velazco de 31 años; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34 años; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26 años; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26 años, y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

 

Todos los certificados de defunción reseñan como causa de muerte “shock hipovolémico, hemorragia interna, causada por arma de fuego por el imparto de un único proyectil”. No obstante,  familiares de las víctimas aseguran que los cadáveres de sus allegados tenían más de dos impactos de balas.

 

Otro hijo asesinado

Milagros López estaba atribulada por la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años. Junto a sus demás familiares, llenaba la planilla que le dieron los funcionarios de la morgue para retirar el cadáver del joven asesinado por las FAES.

Lloraba en cada intento de precisar lo que ocurrió la mañana del lunes, en el sector Las Terrazas, de la parte alta de Los Jardines de El Valle. Relató que los oficiales llegaron a su casa a las 9:00 am, minutos después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”, aseguró la madre.

 

Contó que ella no estaba en la casa y regresó tan pronto le avisaron de la incursión de las FAES. Pero, para entonces, ya el cadáver de su hijo lo habían trasladado al hospital Periférico de Catia. “Llegue y le pedí a los policías que me dejaran pasar y buscar a mi muchacho, pero uno salió y me dijo que lo fuera a buscar al Periférico de Catia, que todavía estaba herido. No era así, cuando fuimos a ese hospital nos dijeron que llegó sin vida” narró.

 

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar Sánchez Bermudes, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares circunstancias.

 

En el acta de defunción se escribió como causa de muerte: shock hipovolémico por arma de fuego causado por el imparto de un único proyectil. Pero sus familiares aseguran que el hombre fue asesinado por el impacto de tres balas, todas en el tórax. “Ahora mi nieto está huérfano de padre. ¿Para qué voy a denunciar, si no me van a devolver a mi hijo?”, dijo Milagros López.

“Mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”

 

Familiares de Yorman Allende Figueroa, de 22 años de edad, tampoco dudaron en señalar a las FAES como responsables del asesinato del joven, cometido durante un operativo en el sector Santa Ana de Carapita. FAES. Su madre, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, relató que cuando llegaron los funcionarios la sacaron de la casa, pero aun así escuchaba los gritos de su hijo que pedía ayuda.

 

“Me sacaron a mí y a los demás de la casa. Escuchaba como mi muchacho me pedía ayuda mi muchacho, pero no pude evitar que lo mataran”, relató la mujer, quien no quiso detallar más sobre los hechos.

 

Dijo que hace un año, su hijo junto a un primo fueron detenidos por la presunta posesión de un arma de fuego, pero fueron liberados ese mismo día. “No pensé que la última vez que lo vería sería muerto”, lamentó.

 

Tanto Michael como Yorman cumplen con el perfil de víctima de las FAES en sus operativos. Los dos son jóvenes de una zona popular de la ciudad. Según datos de Amnistía Internacional, Provea y del Monitor de Víctimas, los oficiales perfeccionaron sus sistemas de represión y ejecución de ciudadanos en los últimos años, siendo las principales víctimas los jóvenes entre 17 y 30 años de edad. 

 

Familiares detenidos

durante 3 horas

En la morgue de Bello Monte también estaba la familia de Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años, para consignar la denuncia hecha ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven.

 

Como si no fuera suficiente el dolor por el crimen que habrían cometidos las FAES, tuvieron que soportar la “vigilancia” de los funcionarios de la medicatura forense para que no hablaran con ningún periodista. Aun así, Marcier Molina, padre del fallecido, comenzó a relatar los hechos que llevaron a la muerte del joven.

“Como a las 6:00 am llegaron los funcionarios de las FAES. Allí sacaron a todos a la calle y se los llevaron detenidos. Solo quedó mi hijo”, explicó el padre.

 

Explicó que la abuela de Yeiberson, su tío, su novia  y su hijo de 9 meses de edad estuvieron detenidos por tres horas en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de San Bernandino. El joven de 18 años quedó solo en su casa ubicada en el barrio Bicentenario, en el kilómetro 7 de El Junquito. “Lo mataron dentro de su propio hogar”, afirmó.

 

Sus allegados continuaron el relato, tras ser interrumpidos por el funcionario de la morgue. “Cuando vimos que estaban en la casa fuimos a averiguar qué estaba pasando. A los demás se los habían llevado detenidos, pero pude ver a Yeiberson. Estaba en bóxer y vivo. Luego se escucharon los disparos”, precisó otro de los familiares, que prefirió no decir su nombre.

 

Detalló que los funcionarios policiales, en actitud hostil, le dijeron que se alejara de la casa, porque las personas que vivian allí estaban detenidas en San Bernandino. “Me dijeron que al muchacho se lo llevaron al hospital de Los Magallanes herido. Supuestamente porque se enfrentó a los del FAES, pero eso no es verdad”.

 

El padre de la víctima agregó que los funcionarios policiales aseguraron que su hijo tenía antecedentes penales y por eso fue que llegaron hasta la casa. “Mi hijo sí estuvo detenido por presunta posesión de drogas en noviembre, pero, al momento que fue presentado en el Tribunal 41° de Control , la jueza se dio cuenta que a él lo sembraron los funcionarios del FAES que se lo llevaron preso. Eso ocurrió el 5 de noviembre de 2018. A mi hijo le dieron libertad plena”, sostuvo.

50 dólares por los daños sufridos

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años, a las 4:00 am del lunes 18 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, del kilómetro 3 de El Junquito.

 

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

Sus familiares aún recuerdan los gritos de Teófilo antes de que fuera asesinado. “Vieja, Vieja, me están matando”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. En el primer piso de la casa, su madre escuchaba cómo su hijo le pedía auxilio. “Ella comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido, Juliana Padunis.  “Lo que me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

Describió que pudo ver por una rejilla de la casa a los funcionarios que se bajaron de tres patrullas negras y dos carros Chevrolet Aveo, uno negro y otro gris, todos con las insignias de las FAES. “El niño que tiene discapacidad comenzó a convulsionar. No teníamos sus medicinas a la mano y los oficiales tampoco hicieron nada. Es más, solo robaron, mientras nos mantenían detenidos por horas y horas”, recordó.

 

A la 1:00 pm los funcionarios se fueron. Horas antes sacaron a Teófilo envuelto en una sábana de su cuarto. Le dispararon cuatro veces en el pecho, aseguran los testigos. Su cadáver fue trasladado hasta el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes.

Al igual que Michael, en el certificado de defunción  se colocó que la causa de muerte se debió a una sola herida de bala. “A todos les pusieron lo mismo. Son malvados”, expresó. Una una vecina agregó que le pusieron un arma de fuego al cadáver de Teófilo y le hicieron dispararla para dejar sus huellas dactilares.

 

Denuncian que de la casa de Teófilo se llevaron varias pertenencias, entre eso, 130 dólares en efectivo. “Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez (antigua sede de la Policía Metropolitana) para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”, señaló la esposa del muchacho.

 

 

Habían denunciado el acoso, pero nunca  fueron protegidos

 

Emelis González y Joanna Solórzano también tuvieron que ir a la morgue de Bello Monte la mañana del 19 de febrero. Venían del sector Indios de Mariche, Petare, para reclamar los cuerpos de sus esposos: Samuel Velazco, de 31 años de edad y Wilkis Alberto Sevilla Miller, de 34 años de edad, ambos asesinados en la madrugada, presuntamente por las FAES.

 

Emelis inició la conversación. Detalló que ella estaba en la casa de su mamá porque tuvo una discusión con Samuel, razón por la que él se encontraba solo en su casa cuando los funcionarios llegaron al sector. “Como a las 3:00 am comenzaron el allanamiento. Estaba a tres casas, aterrada, porque no sabía que sucedía; mucho menos que habían ido a la mía, hasta que una vecina me aviso. Salí corriendo, pero los policías no me dejaban pasar. El funcionario me dijo: ‘Te voy a pegar un tiro si no te vas”, relató. Sin embargo, ella se escondió cerca de la casa donde tenían a Samuel.

 

González detalló que pudo ver, a través de una rejilla,  cómo golpeaban a su esposo. Dijo que Samuel no tenía camisa y los funcionarios lo mandaron a vestirse. Minutos después, lo sacaron a un callejón, cercano a su casa. Emelis escuchó disparos.

 

Los funcionarios que permanecieron en la casa comenzaron a hurtar las pertenencias de ambos fallecidos. “De

mi casa se llevaron hasta una mezcladora, que le pertenece a un amigo de mi esposo”, recuerda Emelis.

En el mismo callejón mataron a Wilkis Alberto. Su pareja, Joanna, narró que los oficiales de las FAES entraron a la casa dándole golpes con mandarrias a la puerta. Ella y su esposo dormían.

 

“Tumbaron la puerta y entraron muy agresivos. No me hicieron nada a mí ni a mi hijo, pero si nos trataron mal. Nos obligaron a meternos en un baño, mientras que a mi esposo le ordenaban que se vistiera y pusiera zapatos. Lo sacaron y lo mataron en el callejón”, relató Joanna.

 

Wilkis y Samuel recibieron un disparo en el tórax. Ambos fueron llevados al hospital Domingo Luciani, de Petare, sin signos vítales.

 

Hace cinco meses, funcionarios de las FAES le advirtieron a Emelis que iban a matar a su esposo. Del mismo modo habrían procedido con otros habitantes del sector. Ante la amenaza,  varios vecinos denunciaron  el acoso. Emelis fue una de ellas. A pesar de que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, González no recibió respuesta. “Me mandaron a ir hasta El Helicoide, para que denunciara allí también, pero a mí me dio miedo. Cuando me acerqué al sitio, una persona me advirtió que no lo hiciera, porque me podría ir peor, por eso me devolví”, señaló.

 
 
 
 
 
 
 

“Las Faes se lo llevaron detenido y apareció carbonizado”

El único hijo que le quedaba a Carmen Garrido fue asesinado. Según vecinos y familiares, Roney Daniel Muñoz, de 27 años de edad, fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) la noche del 18 de marzo del 2019, en el sector el Tambor , ubicado en el barrio Bolívar de Petare. Once días después su cuerpo apareció carbonizado y mutilado. Le cortaron ambas manos.

Las experticias forenses indican que Muñoz falleció por una fractura craneoencefálica provocada por golpes con un objeto contundente. Según fuentes relacionadas al caso, al arma homicida fue una piedra que estaba en el sitio donde fue hallado su cadáver, la mañana del 19 de marzo de 2019, en la vía hacia la urbanización Paulo VI, en Petare.

 

Los asesinos de Muñoz no han sido identificados, pero los familiares de la víctima sospechan de los miembros de las FAES que se lo llevaron la noche del 18 de marzo. “Las FAES se lo llevaron detenido y apareció carbonizado” denuncia Carmen Garrido, madre de Roney Muñoz.

 

Miedo, llegaron las FAES

 

En el barrio 24 de Marzo, donde residía Roney Muñoz y su familia,  las siglas Faes son sinónimo de miedo. Residentes aseguran que cuando los hombres del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana  llegan al sector habrá, al menos, un muerto que velar al día siguiente.

 

Carmen Garrido describe con orgullo cómo su hijo menor creció entre las calles de Petare y pudo terminar una carrera universitaria, emigrar del país, sin los atajos de las drogas y la delincuencia. Tenía otro hijo que hace nueve años también fue asesinado por azotes del barrio 24 de Marzo.

 

“Mi hijo Roney se graduó de ingeniero civil en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, en 2017. Se mudó a Medellín, Colombia, en 2018, luego de conseguir un trabajo en su área, en una construcción. En diciembre regresó a su país para pasar las navidades con nosotros y, como el proyecto estaba en un período de descanso, se devolvería a Colombia a finales de marzo. No lo pudo hacer”, resumió la madre.

 

La mujer relata que a las 10:00 pm del lunes 18 de marzo, Muñoz salió de su casa, en el barrio 24 de Marzo, ubicado en el sector La Bombilla de Petare, hasta el Barrio Bolívar, sector El Tanque, ubicado a pocas cuadras de su hogar, para llevarle a sus dos hijos una bolsa con galletas y charcutería.

 

“Recuerdo que le iba a decir que no saliera tan tarde de la casa, porque entre los vecinos se corría el rumor que las FAES estaba metida en el barrio. Pero antes de que me diera cuenta, ya mi sobrino se había ido”, detalla Olga Díaz, tía de Muñoz.

 

El joven ingeniero salió de la casa de su infancia a la de su ex pareja. La mujer pidió  mantener en reserva su identidad. La ex pareja de Muñoz lo esperaba junto a uno de sus hijos, al final de las escaleras. Se encontraron en la avenida principal del barrio Bolívar. La mujer narró que luego de que Muñoz le entregara la bolsa, dos patrullas de las FAES llegaron a sitio y lo requisaron.

 

Ella y algunos vecinos aseguran que él entregó su cédula de identidad con tranquilidad, mientras los oficiales lo “radiaban” para ver si tenía antecedentes penales. No tenía ninguno, pero minutos después, los oficiales lo detuvieron, esta vez, a golpes. “Comenzó a decir que era ingeniero y sacó su carnet que lo certificaba, pero igual se lo llevaron”, señaló Olga Díaz.  

 

Cuenta que Muñoz fue introducido a la fuerza dentro de una camioneta Hillux sin placas. “Fue sometido por los funcionarios, quienes lo mantenían esposado” indicó Díaz.  Hubo una versión según la cual horas antes él habría llevado a dos presuntos delincuentes al Hospital Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, para auxiliarlos. No obstante, esta versión fue desmentida por la familia del ingeniero, quienes señalaron que Roney tenía el carro dañado desde las fiestas de Carnaval.

 

Fuentes de la Policía Nacional Bolivariana aseguran que no hubo ningún operativo en Petare el día que fue detenido Muñoz. Sin embargo, otras fuentes policiales, señalan que la noche que fue detenido el ingeniero, dos funcionarios de Polisucre habían sido heridos durante una persecución en el barrio 5 de Julio, en la entrada de Petare por lo que se activó un despliegue policial de las FAES,  funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Municipal, en esa zona.

 

Localizado en un terreno baldío

 

Olga Díaz cuenta que, inmediatamente, después de que su sobrino fue detenido por las  FAES ella y su familia comenzaron a buscarlo: “Fuimos al hospital Pérez de León porque las FAES llevan allí a los heridos”.

“Lo primero que pregunté fue si habían traídos heridos del barrio Bolívar o de La Bombilla. Uno de los empleados me dijo que sí, pero que llegaron muertos. Tal vez fue el impulso o como dicen por allí ‘la fama de las FAES’. Le pedí que me llevara a la morgue a reconocer los cadáveres. Gracias a Dios, no era ninguno de los dos cuerpos en la sala. Pensé: voy a encontrar a mi sobrino vivo”, señaló Díaz.

 

Al día siguiente ella y la madre de Roney, su cuñada, fueron a la comandancia de la PNB, ubicada en Petare.

“Aquí no está ese chamo. Si lo hubiéramos matado, lo decimos señoras. Váyase que aquí”, le respondió uno de los funcionarios a la puerta de la comandancia y la cerró.

 

Habían pasado cinco días sin rastros del ingeniero. Acudieron entonces a la morgue de Bello Monte. Reconocieron cinco cadáveres catalogados por el código 62 (usado para los fallecidos a manos de funcionarios policiales). Tampoco estaba allí.

 

El caso fue asignado a la Fiscalía 86° de Derechos Fundamentales y comenzó la investigación de los hechos desde el 21 de marzo, tres días después de la detención de Muñoz. Se hicieron llamadas a distintos cuerpos de seguridad en Caracas, pero no se dio con el paradero del muchacho, según relata Díaz.

 

“La fiscal nos aconsejó que siguiéramos yendo a los hospitales. Y así lo hicimos durante casi 10 días, pero nada. En ningún lado estaba mi muchacho”, detalló la tía. Continuó acudiendo a la morgue. Los constantes apagones eléctricos en la ciudad retrasaron su búsqueda.

 

En plena vía del sector Paulo VI de Petare, en terrenos adyacentes a una cementera,  fue hallado el cadáver de un hombre carbonizado y con las manos cortadas. Fuentes policiales señalaron que el hallazgo fue hecho a través de una llamada anónima a funcionarios del comando Nazareno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en el sector Paulo VI, a quienes les informaron sobre el cadáver de un hombre, moreno y de contextura delgada.

 

No tenía documentos de identidad ni ropa. El cuerpo estaba completamente carbonizado y sobre él había cauchos de moto y algo de aceite de carro. Al sitio llegaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para realizar las experticias de rigor. Por las características que presentaba el cadáver, la policía catalogó como móvil  “ajuste de cuentas”.

 

Por órdenes de la Fiscalía,  el 29 de marzo se hizo nuevamente la autopsia al único cuerpo que la familia no había reconocido durante sus visitas a la morgue: el del joven carbonizado. Era Roney Muñoz. Lo identificaron por dos pistas esenciales: el examen forense odontológico y porque él había perdido uno de sus riñones en un accidente años atrás. Ambas se hicieron en presencia de un fiscal del Ministerio Público.

 

Según datos de Monitor de Víctimas, Roney Muñoz cumplía con el perfil de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales: era joven, moreno y vivía en una zona popular. “No vamos a dejar el caso impune. Queremos justicia”, exige Carmen Garrido.

 

“No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta”

 

A las 3:30 am, José González, de 30 años de edad, estaba durmiendo con su esposa y su hija de 8 años. El sueño de la familia fue interrumpido por los golpes a la puerta del hogar, ubicado en el barrio Nuevo Horizonte de Catia. Eran funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que realizaban un operativo en búsqueda de presuntos delincuentes.

 

Los oficiales del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana llegaron sin una orden de cateo. Tampoco estaba presente un fiscal del Ministerio Público para supervisar la inclusión en la vivienda. Sacaron a la esposa e hija de González y las encerraron en la casa de uno de los vecinos. Luego le dispararon al hombre en el pecho.

 

“Lo sacaron de la casa y lo tiraron en la calle. Allí le dispararon. Se lo llevaron al hospital Periférico de Catia, pero ya estaba muerto”, aseguró uno de los allegados de la víctima, que pidió no publicar su nombre por miedo a represalias.

 

Señaló que a González lo estaban acusando de ser un azote de barrio. “Él no era ningún delincuente. Trabajaba honradamente como pintor junto a un vecino. Toda su vida lo hizo. Realmente desconozco porque lo mataron así”, afirmó.

 

Tres días antes, la mañana del viernes, en el sector La Baranda de Gramoven, parroquia Sucre, hubo un presunto enfrentamiento con comisiones de las FAES, donde resultaron heridos dos supuesto delincuentes, uno de los cuales logró huir, según indica un parte policial. Sin embargo, familiares de David García y José Flores, heridos por los agentes policiales y trasladados al hospital José Gregorio Hernández, en los Magallanes de Catia, desmintieron dicha versión. Las comisiones siguieron en la barriada en busca del “fugado”.

 

“José no estaba involucrado en ningún enfrentamiento, ni ayer ni el viernes. No estoy seguro si lo mataron por ese hecho. Tampoco me lo dijeron”, sostuvo el allegado.

El patrón de la muerte de José González coincide con lo investigado en el reportaje 100 Sentencias de Muerte, publicado por la organización defensora y promotora de los derechos humanos Proiuris, en cuanto a la falta de la notificación de las autoridades del Ministerio Público, para hacer seguimiento y acompañamiento en las incursiones policiales.

 

El artículo 42 de la “Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses” establece que para realizar un allanamiento se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal del Ministerio Público.

 

“No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta”, sostuvo el familiar. Destacó que luego de que lo llevaran muerto al hospital, algunos funcionarios se quedaron vigilando en la zona. “No hemos podido ir a ver cómo quedó la casa, nos da miedo a todos”, señaló.

 

Se iban del país

y los mataron las FAES

 

Oscar Melo Vargas  y Mark Luzón Abreu tuvieron tres cosas en común: 22 años de edad, planes de irse del país y la mala suerte de toparse con las FAES.

 

La mañana del lunes 22 de abril, Melo Vargas salió de su casa en Palo Verde en compañía de su pareja. En la estación del Metro se despidieron. Minutos después, un grupo de aproximadamente 15 hombres encapuchados y vestidos de negro lo interceptaron, lo sometieron y se lo llevaron en una camioneta Toyota modelo Hilux sin placas.

 

Estuvo tres días desaparecido. Su familia lo buscó en los hospitales de Petare y en las comandancias de la Policía Nacional Bolivariana. Por la apariencia de sus captores, presumían que se trataba de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Confirmaron esa hipótesis en las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense (Senamecf), donde el cadáver de Melo Varagas fue ingresado con múltiples disparos. “Los funcionarios de la morgue me informaron que había sido víctima de las FAES”, dijo Pedro Melo, padre del fallecido.

 

El joven estaba próximo a viajar a Colombia, donde se encontraría con su madre y tendría un mejor trabajo para mantener a su hijo de un año y siete meses de edad.

 

Para la familia de Melo Vargas hay muchos cabos sueltos. “Hace unos meses, en el taller mecánico donde trabajaba, Óscar tuvo una discusión con otro joven. Ese otro muchacho le dijo: Cuando me gradúe de policía arreglaremos cuentas, te voy a sembrar y matar. No sabemos si esto está relacionado”, señaló el padre de la víctima.

 

El cadáver de Melo Vargas fue encontrado la mañana del martes 23 de abril en una cantera de Petare. No tenía sus documentos de identidad ni sus pertenencias. “Nos dijeron que lo encontraron en Petare. Nunca lo llevaron a ningún hospital o a alguna comandancia”, sostuvo.

 

Los familiares de Melo Vargas coincidieron en la morgue de Bello Monte con los de Mark Nioel Luzón Abreu, también de 22 años, y presuntamente también víctima de las FAES.

 “¿Sabes?, él se iba a Perú dentro de unas semanas, porque ya no se aguanta la situación”, dijo uno de los deudos, quien prefirió no dar su nombre.

 

La mañana del martes 23 de abril, en la calle El Estanque de Coche, en Caracas, las FAES realizó un “operativo” en busca de presuntos delincuentes que operan en la zona. Luzón Abreu estaba en la casa de su pareja, que tiene 17 años de edad y dos meses de embarazo. Los funcionarios llegaron hasta la vivienda de la muchacha y tocaron la puerta. “Ella abrió porque no tenía nada que esconder —continuó el allegado— la encerraron en uno de los cuartos, y a Mark en otro. Luego se escucharon los disparos. A Mark lo mataron dentro de una habitación”.

 

Después de que mataron a Luzón Abreu, los funcionarios de las FAES lo “radearon” para averiguar si tenía antecedentes penales. “Nunca había estado preso. A su pareja se la llevaron detenida a una comandancia en la zona. Estuvo allí como dos horas y escuchó cuando los oficiales dijeron que Mark no tenía antecedentes. Entonces ¿por qué lo mataron tan vilmente?”, cuestionó uno de sus familiares.

Luzón Abreu iba a emigrar a Perú, donde dos de sus hermanos lo esperaban y trabajaria como albañil. El día que lo mataron, aseguran sus familiares, los funcionarios se llevaron de la casa dólares y pertenencias del joven, a quien solo le faltaban 150.000 bolívares para emprender su viaje.  

 

En las historia de Oscar Melo y Mark Luzón hay un mismo telón de fondo: la migración forzada por la profundización de la emergencia humanitaria compleja, agravada por la inseguridad ciudadana en Venezuela. El éxodo ya suma más de 4 millones de venezolanos, según datos de la Organización de Naciones Unidas.

 
 

La PNB mata más

personas que el hampa

 

En el acta de defunción de Keyvis Alejandro Castello Barboza, de 21 años, se indicó que falleció debido a un shock hipovolémico causado por la herida de un arma de fuego en el tórax. Sin embargo, su tío, Douglas Barboza, desmintió la versión oficial: “Cuando llegamos al hospital Domingo Luciani, mi sobrino estaba muerto y con tres disparos, uno de ellos en la cabeza”.

 

A las 10:30 am, del viernes 31 de mayo, Castello se sumó a la lista de muertos a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). El joven estaba solo en su casa cuando oficiales del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al barrio Las Minas de Baruta,  a realizar “un operativo de rastreo y captación” de presuntos delincuentes de la zona.

 

“A él lo detuvieron dentro de su casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales, ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían asesinado funcionarios de las FAES”, señaló Barboza.

 

Una filtración de la Policía Nacional Bolivariana indica que durante el mes de mayo de 2019 se registraron 81 homicidios, 55 de los cuales fueron calificados de “resistencia a la autoridad”. Dicho de otra manera: la PNB mata más personas que el hampa.

 

En 100 Sentencias de Muerte, reportaje publicado por la ONG Proiuris, se estableció que el término “resistencia a la autoridad” es una categoría que ha sido sistemáticamente utilizada para disimular las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado y encubrir eventuales excesos en el uso de la fuerza pública que podrían llegar al extremo de  las ejecuciones extrajudiciales.

 

Durante 2018, el Observatorio Venezolano de Violencia registró  23.047 homicidios, de los cuales, 7.523 corresponde a fallecidos a manos de la policía. En comparación con 2017, cuando se contabilizó 5.085 casos, hubo un aumento de 32,41.

 

“Es común que las FAES entren al barrio a matar gente, es hasta habitual”, enfatizó Barboza, mientras realizaba los tramites en la morgue de Bello Monte para retirar el cadáver de su sobrino, cuatro días después del asesinato.

 

Castello dejó un hijo de un año y tres meses de nacido. Trabajaba con su padrastro haciendo labores de mantenimiento a aires acondicionados y sistemas de refrigeración.

Dos años antes, estuvo preso debido a que lo involucraron en un homicidio en el sector. Penó un año en cárcel, hasta que se descartó que fuese cómplice de dicho asesinato. Quedó en libertar condicional, bajo orden de presentación hasta mediados de 2018. “El cumplió con sus presentaciones ante los tribunales y salió libre. Comenzó a trabajar con su padrastro. Cambió su vida”, sostuvo Barboza. 

 

Entre las muertes registradas como casos de “resistencia a la autoridad”, está la de Darwin David Guevara Telly, de 21 años de edad, que habría sido ejecutado por funcionarios de las FAES, en Maca, Petare, la mañana del lunes 27 de mayo. “Él tenía dificultades de aprendizaje, no pudo enfrentarse con la policía, es absurdo. Estaba comprando comida con su novia, cuando llegaron y lo sometieron”, señaló uno de sus familiares, quien prefirió no revelar su identidad.

 

Debido a su condición de salud y falta de recursos para tratarla, Guevara no concluyó sus estudios de bachillerato. “Se quedó en sexto grado, a partir de allí hacía diferentes trabajos con sus padres para ayudarlos. Ahora lo quieren poner como un hampón”, denunció un familiar.

 

Cuando se lo estaban llevando, el muchacho comenzó a gritar, a pedir auxilio: “¡Llamen a mi mamá, a mi hermana, que me quieren matar!”. Cuando una de sus hermanas  recibió el mensaje al joven de 21 años de edad ya se lo habían llevado  al hospital Domingo Luciani, donde fue ingresado con dos disparos en el pecho.

 

“Se lo llevaron vivo y lo entregaron muerto. No había nadie. Ni fiscales, ni vecinos que lo pudieron ayudar. ¿Cómo explicas que un muchacho se enfrentó contra 20 policías?”, cuestionó el familiar.

 

A la denuncia de los excesos en los operativos policiales se le suman las declaraciones de los familiares de José González, asesinado en el Barrio Nuevo Horizonte de Catia, el lunes 27 de mayo; de Jorge Luis Malavé y Ángel Gabriel Santaella, presuntamente ejecutados el 13 de mayo, en la calle 14 de Los Jardines de El Valle; y de Gregory Arévalo Rodríguez, de 19 años, que también falleció a manos de las FAES.

 

“Las FAES lo ruletearon

hasta morir”

Atamaica Martínez todavía estaba aferrada al féretro donde descansaba el cadáver de su segundo hijo. Alrededor, una multitud de vecinos daban el pésame a ella y los demás familiares de Ángel Gabriel Camero Martínez, de 18 años de edad, durante el sepelio casero. Mientras, en la parte alta del cerro de Coche, con vista a las calles de Los Jardines de El Valle, y a penas visibles, estaban ocho funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) vigilando los movimientos de los presentes en el funeral. Con recelo, la madre le señaló: “allá están los que mataron a mi hijo”.

 

Entre los vecinos de la calle de 18 de los Jardines de El Valle existe un miedo latente hacia los uniformados de las FAES. Cuando llegan las patrullas, sea en la mañana, tarde o noche, los residentes cierran las puertas y ventanas con el fin de no ser objetivo de los oficiales del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

 

Martínez no ha descansado desde que mataron a su hijo mañana del lunes 8 de abril, en la calle que lo vio crecer. “Las FAES lo asesinaron en la casa de una vecina, porque él intento resguardarse de ellos”, señala.

 

Relata que ese lunes, a las 9:00 am, Camero salió de la casa de su papá con la intención de regresarse a su hogar, en el camino observó que se desarrollaba un operativo policial. La calle 18 de El Valle, donde la afluencia de transeúntes es común, estaba vacía. Solo quedaba el joven de 18 años y un comando de funcionarios encapuchados, portando armas largas.

 

 “Seguro fue el impulso, porque todos les tenemos miedo al FAES, por eso mi hijo intentó tomar otro camino. Pero, los policías lo vieron y le dispararon en una pierna. Herido y todo, corrió hasta la casa de una de una amiga para resguardarse, pero el rastro de sangre que dejó en la calle, condujo a los oficiales a esa vivienda.  ‘Sal de ahí maldito, que te vamos a matar’, gritó uno de los oficiales antes de ingresar al hogar de la amiga de Camero. La sacaron a ella y a sus hijos y dejaron al joven solo. Luego, se escucharon disparos.”, asegura Atamaica Martínez.

 

“A mi hijo lo sacaron envuelto en una sábana blanca de casa  de su amiga. Estaba herido, pero vivo. Yo lo vi.  Comenzamos a buscarlo pero no estaba en ningún hospital”, relata Martínez.

 

Ángel Camero recibió un disparo en el pecho y se alojó en un pulmón, según reseña el acta de defunción de fecha 9 de marzo de 2019.

 

El cadáver de Camero fue llevado a la morgue de Bello Monte, 12 horas después de que le dispararon. “Lo entregaron a las 9:00 pm, así nos dijeron los funcionarios en la morgue. No vino de ningún hospital. Las FAES lo ruletearon hasta morir”, sostuvo Martínez.

 

El joven de 18 años de edad, moreno, alto, con una hija, y que laboraba como comerciante en el mercado Municipal de Coche, falleció por el shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el pecho, señala el informe forense. Como es costumbre en los casos asociados a los funcionarios de las FAES, los oficiales alegaron que Camero se enfrentó contra ellos. “Eso es mentira. Nunca tuvo pistola o había estado asociado a los malandros de la zona, solo trabajaba para poder mantener a su hija”, señaló la madre.

 

A Atamaica Martínez le quedan tres hijos con vida, uno de ellos, un bebé de dos meses de nacido. “Solo quiero justicia. Es lo mínimo que me tienen que garantizar, por eso quiero que todo el mundo sepa la realidad de los barrios, están matando inocentes”, enfatiza.       

 

El día del entierro, Martínez estuvo al lado del féretro de su hijo durante el funeral. Le restó importancia a la presencia de los funcionarios de las FAES que observaban la reunión desde el cerro. Prefirió no sentirse intimidada. Mantenía su luto. Ni siquiera se inmutó cuando el lejano sonido de una ráfaga de disparos interrumpió las conversaciones de los presentes. “Solo me quede a su lado, porque más nunca lo volveré a ver”, dice.

 

“Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”

Para llegar a la casa de la familia Jajoy hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

 

Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre Yusmary Natera y sus dos hermanos cargaron el cadáver hasta su casa.

 

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany.

 

Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax. 

 

Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que  la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

 

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

 

Las FAES asesinan y los “colectivos” intentan borrar la memoria

de las víctimas

Con una capa de pintura quisieron volver a sepultar a Alixon  Dos Santos Pizani, el primer asesinado durante la más reciente oleada de manifestaciones antigubernamentales. Quisieron borrar pruebas que, aunque  no sean “de interés criminalístico”, evidencian el repudio a la brutalidad policial desatada contra los que protestan en los barrios populares de Caracas.

 

No había concluido el novenario del joven, cuando trabajadores de la Alcaldía de Caracas, acompañados de integrantes de “los colectivos” que operan en la zona, profanaron el mural pintado en la entrada de Cútira, con el cual sus amigos quisieron honrar al joven de 19 años, asesinado el 22 de enero de 2019, a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, según aseguran familiares y vecinos.

 

El episodio del mural fue otro golpe para Navia Troloro Pizani, la tía de Alixon, que se muestra endurecida por el dolor. La mujer de 45 años de edad no llora y, mientras relata la historia de su sobrino, mantiene su mirada fijada en el altar que erigió en un rincón de su casa: cinco fotografías del muchacho coronadas con la bandera de Venezuela.

 

“No descansaré hasta que se haga justicia por el caso de mi sobrino. No mataron a un perro, ni a un malandro. Fue a un joven trabajador, cálido y con dolientes”, advierte.

Cuenta que  Alixon trabajaba “en la panadería de Oswaldo”, otro vecino. Y que era muy apegado con su abuela. “Ellos dormían hasta juntos”, dice Navia, mientras prepara una taza de café. A su lado, la anciana de 70 años de edad asiente: “Cuando nació agarró una bacteria. Se salvó, casi de milagro. Desde entonces vivía con nosotros. Yo crié a ese muchachito”.

 “Entrar a la casa y no verlo me duele mucho. Cuando se sentaba en esa silla   — hace una señal con su mano— yo pasaba y le daba un coscorrón. Era mi forma de mostrarle cariño. Y como no quererlo y extrañarlo, si yo hasta lo amamanté”, dice la tía y, solo por un instante, se enternece.

 

Las exequias de Alixon se prolongaron durante tres días en la casa donde se crió, en la parte alta de Alta Vista. Fue por decisión de su familia. “No quería separarme de él. Además, también los vecinos necesitaban despedirse de mi muchacho. Es más, tanta fue la gente que llegó que trancaron la calle”, acotó Navia.

 

Alixon fue enterrado en la tumba donde están los restos de  su abuelo materno, en el Cementerio General del Sur, el sábado 26 de enero, a las 10:00 am. Según la base de datos de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el joven es uno de los 11 fallecidos del Distrito Capital,  a manos de funcionarios policiales y presuntos colectivos, en el contexto de las manifestaciones populares en contra de Nicolás Maduro.

 

Disparo al corazón

Alixon Dos Santos estudió en la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro, en la avenida Sucre. Justo al frente del plantel fue asesinado. Comenzó a trabajar desde que tenía 15 años de edad. “Prácticamente mantenía a mi mamá con su trabajo. El día que hicimos el velorio, lo llevamos a la panadería por petición del señor Oswaldo. Él también quedó muy afectado. Quería que su muchacho visitara por última vez su sitio de trabajo”, relató la tía.

 

Ese noche -recuerda Navia Pizani- estaba en su casa, distraída, revisando redes sociales. No sabía que a menos de un kilómetro, cerro abajo, varios vecinos salieron a manifestar en contra del gobierno de Maduro. Mucho menos que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes.

 

A las 9:30 pm, un motorizado se aproximó a su casa y desde la calle le gritó: ¡Nivia, Nivia, a Alixon le dispararon! “Deja la pendejada, que esos no son juegos”, respondió la mujer. En segundos, su incredulidad viró a desconcierto cuando vio llorar al mensajero, que la conminó a subirse a la moto rumbo al Hospital Periférico de Catia.

 

Al entrar al área de emergencia, una fila de médicos y enfermeras la condujeron hasta la camilla en donde yacía el cuerpo sin vida de su sobrino, cubierto hasta la cabeza con una sábana blanca. Un disparo al corazón (el impacto fue en el hemitoráx izquierdo) acabó con la vida del joven de 19 años.

 

Los médicos solo dijeron que lo trajeron unos manifestantes en motocicleta, apunta Nivia. Y también recuerda que allí mismo, en el hospital, varios de los muchachos que estaban cerca de Alixon cuando recibió el impacto de bala gritaban con rabia: “¡Fueron las FAES, fueron las FAES! Nosotros los vimos, con sus uniformes y sus armas. Todo el mundo en estos barrios los reconoce”.

 

Firme contra la impunidad

 

“No me van a callar. No voy a descansar hasta que sepa que se hizo justicia por este asesinato. Ya se lo prometí a Alixon y le pedí que me mande fuerzas para hacer lo que sea necesario”, repite la tía de Alixon.

 

Los familiares no han formalizado la denuncia del asesinato, pues primero quieren “armar un expediente”, recabar pruebas que demuestren que funcionarios de las FAES son los responsables.

 

 “En el acta no dice por ningún lado que lo mató las FAES. Pero hay muchos testigos, manifestantes, que vieron todo. Es un hecho. Estamos haciendo todo lo posible para que este caso no quede impune. Cuando vimos que taparon el mural, nos dolió mucho. Es como si quisieran tapar el sol con un dedo”, enfatizó.

 

Las FAES tienen mala fama en Catia. Y aunque hay miedo, la gente de Cútira lo reafirma. “Sí, esa anoche del 22 de enero, aquí llegaron las FAES y dispararon contra los muchachos que manifestaban en la calle”, dijo un vendedor ambulante del sector.

El desprestigio de estos hombres que ejecutan razzias y asesinan en las zonas populares del país ha sido denunciado desde el mismo gobierno. “El FAES no representa la necesaria misión de los GRUPOS ESPECIALES!! No son profesionales de la SEGURIDAD!! Por El contrario!! Generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan. No son del espíritu de la revolución Bolivariana @NestorReverol @NicolasMaduro”, escribió el 19 de septiembre de 2018, en su cuenta de Twitter, Soraya El Achkar, es secretaria de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial.

 

La alianza de medios de comunicación y ong Monitor de Víctimas ha determinado que las FAES es el organismo policial más letal del país. Desde su creación, en 2017, hasta julio de 2018 se contabilizaron 213 asesinatos a manos del cuerpo élite de la PNB, solamente en el Área Metropolitana de Caracas. Y hasta noviembre del año pasado, habrían cometido otros 124 homicidios, 31% de los registrados en la región capital. Por su parte, Provea, a través de un informe especial, documentó 205 asesinatos ocurridos en 2018 y atribuidos a las FAES.

 

Lara es uno de los estados del país más golpeados. La Red de Derechos Humanos del Estado Lara denunció que desde agosto de 2018 las FAES han cometido aproximadamente 100 ejecuciones extrajudiciales, simuladas como supuestos enfrentamientos y oficialmente registradas como casos de “resistencia a la autoridad”.

A pesar del terror que causan las FAES, hay quienes no se resignan a que la brutalidad policial y la muerte se les venga encima. “Aunque hayan borrado el mural de Alixon, aunque esos desgraciados del FAES vuelvan por aquí a aterrorizar a todo el barrio, yo haré todo lo posible para que no sigan matando a más muchachos como lo hicieron con mi sobrino”, promete Nivia Troloro Pizani.

 
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