El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo

 

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La mañana del 19 de febrero de 2019 decenas de familiares se agolparon en la morgue de Bello Monte para dar testimonio de la brutal actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana el día anterior. En menos de 24 horas, durante razias  realizadas en varios barrios de Caracas, el grupo élite de la PNB habría acabado con la vida de nueve personas.

 

Esta vez, las FAES solo reportaron un procedimiento: el caso de Deivis Ramsés Brito, a quien estigmatizaron como un delincuente apodado “el chino”, quien habría muerto por “resistencia a la autoridad” en un operativo realizado en San Agustín del Sur. Una vez más se usó el eufemismo “neutralizado” que pudiera enmascarar una ejecución extrajudicial.

 

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle el lunes 18 de febrero no fueron informados, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

 

Frente al intento de invisibilidad la brutalidad policial, los familiares aportaron información sobre irregularidades y contradicciones en las informes de autopsias y certificados de defunción, las cuales indican que las FAES también se esfuerzan por mantener la impunidad de los excesos que se les atribuyen.

 

Además de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22 años; Yorman Allende Figueroa, de 22 años; Samuel Velazco de 31 años; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34 años; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26 años; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26 años, y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

 

Todos los certificados de defunción reseñan como causa de muerte “shock hipovolémico, hemorragia interna, causada por arma de fuego por el imparto de un único proyectil”. No obstante,  familiares de las víctimas aseguran que los cadáveres de sus allegados tenían más de dos impactos de balas.

 

Otro hijo asesinado

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Milagros López estaba atribulada por la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años. Junto a sus demás familiares, llenaba la planilla que le dieron los funcionarios de la morgue para retirar el cadáver del joven asesinado por las FAES.

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Lloraba en cada intento de precisar lo que ocurrió la mañana del lunes, en el sector Las Terrazas, de la parte alta de Los Jardines de El Valle. Relató que los oficiales llegaron a su casa a las 9:00 am, minutos después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”, aseguró la madre.

 

Contó que ella no estaba en la casa y regresó tan pronto le avisaron de la incursión de las FAES. Pero, para entonces, ya el cadáver de su hijo lo habían trasladado al hospital Periférico de Catia. “Llegue y le pedí a los policías que me dejaran pasar y buscar a mi muchacho, pero uno salió y me dijo que lo fuera a buscar al Periférico de Catia, que todavía estaba herido. No era así, cuando fuimos a ese hospital nos dijeron que llegó sin vida” narró.

 

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar Sánchez Bermudes, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares circunstancias.

 

En el acta de defunción se escribió como causa de muerte: shock hipovolémico por arma de fuego causado por el imparto de un único proyectil. Pero sus familiares aseguran que el hombre fue asesinado por el impacto de tres balas, todas en el tórax. “Ahora mi nieto está huérfano de padre. ¿Para qué voy a denunciar, si no me van a devolver a mi hijo?”, dijo Milagros López.

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“Mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”

 

Familiares de Yorman Allende Figueroa, de 22 años de edad, tampoco dudaron en señalar a las FAES como responsables del asesinato del joven, cometido durante un operativo en el sector Santa Ana de Carapita. FAES. Su madre, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, relató que cuando llegaron los funcionarios la sacaron de la casa, pero aun así escuchaba los gritos de su hijo que pedía ayuda.

 

“Me sacaron a mí y a los demás de la casa. Escuchaba como mi muchacho me pedía ayuda mi muchacho, pero no pude evitar que lo mataran”, relató la mujer, quien no quiso detallar más sobre los hechos.

 

Dijo que hace un año, su hijo junto a un primo fueron detenidos por la presunta posesión de un arma de fuego, pero fueron liberados ese mismo día. “No pensé que la última vez que lo vería sería muerto”, lamentó.

 

Tanto Michael como Yorman cumplen con el perfil de víctima de las FAES en sus operativos. Los dos son jóvenes de una zona popular de la ciudad. Según datos de Amnistía Internacional, Provea y del Monitor de Víctimas, los oficiales perfeccionaron sus sistemas de represión y ejecución de ciudadanos en los últimos años, siendo las principales víctimas los jóvenes entre 17 y 30 años de edad. 

 

Familiares detenidos

durante 3 horas

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En la morgue de Bello Monte también estaba la familia de Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años, para consignar la denuncia hecha ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven.

 

Como si no fuera suficiente el dolor por el crimen que habrían cometidos las FAES, tuvieron que soportar la “vigilancia” de los funcionarios de la medicatura forense para que no hablaran con ningún periodista. Aun así, Marcier Molina, padre del fallecido, comenzó a relatar los hechos que llevaron a la muerte del joven.

“Como a las 6:00 am llegaron los funcionarios de las FAES. Allí sacaron a todos a la calle y se los llevaron detenidos. Solo quedó mi hijo”, explicó el padre.

 

Explicó que la abuela de Yeiberson, su tío, su novia  y su hijo de 9 meses de edad estuvieron detenidos por tres horas en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de San Bernandino. El joven de 18 años quedó solo en su casa ubicada en el barrio Bicentenario, en el kilómetro 7 de El Junquito. “Lo mataron dentro de su propio hogar”, afirmó.

 

Sus allegados continuaron el relato, tras ser interrumpidos por el funcionario de la morgue. “Cuando vimos que estaban en la casa fuimos a averiguar qué estaba pasando. A los demás se los habían llevado detenidos, pero pude ver a Yeiberson. Estaba en bóxer y vivo. Luego se escucharon los disparos”, precisó otro de los familiares, que prefirió no decir su nombre.

 

Detalló que los funcionarios policiales, en actitud hostil, le dijeron que se alejara de la casa, porque las personas que vivian allí estaban detenidas en San Bernandino. “Me dijeron que al muchacho se lo llevaron al hospital de Los Magallanes herido. Supuestamente porque se enfrentó a los del FAES, pero eso no es verdad”.

 

El padre de la víctima agregó que los funcionarios policiales aseguraron que su hijo tenía antecedentes penales y por eso fue que llegaron hasta la casa. “Mi hijo sí estuvo detenido por presunta posesión de drogas en noviembre, pero, al momento que fue presentado en el Tribunal 41° de Control , la jueza se dio cuenta que a él lo sembraron los funcionarios del FAES que se lo llevaron preso. Eso ocurrió el 5 de noviembre de 2018. A mi hijo le dieron libertad plena”, sostuvo.

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50 dólares por los daños sufridos

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Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años, a las 4:00 am del lunes 18 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, del kilómetro 3 de El Junquito.

 

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

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Sus familiares aún recuerdan los gritos de Teófilo antes de que fuera asesinado. “Vieja, Vieja, me están matando”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. En el primer piso de la casa, su madre escuchaba cómo su hijo le pedía auxilio. “Ella comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido, Juliana Padunis.  “Lo que me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

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Describió que pudo ver por una rejilla de la casa a los funcionarios que se bajaron de tres patrullas negras y dos carros Chevrolet Aveo, uno negro y otro gris, todos con las insignias de las FAES. “El niño que tiene discapacidad comenzó a convulsionar. No teníamos sus medicinas a la mano y los oficiales tampoco hicieron nada. Es más, solo robaron, mientras nos mantenían detenidos por horas y horas”, recordó.

 

A la 1:00 pm los funcionarios se fueron. Horas antes sacaron a Teófilo envuelto en una sábana de su cuarto. Le dispararon cuatro veces en el pecho, aseguran los testigos. Su cadáver fue trasladado hasta el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes.

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Al igual que Michael, en el certificado de defunción  se colocó que la causa de muerte se debió a una sola herida de bala. “A todos les pusieron lo mismo. Son malvados”, expresó. Una una vecina agregó que le pusieron un arma de fuego al cadáver de Teófilo y le hicieron dispararla para dejar sus huellas dactilares.

 

Denuncian que de la casa de Teófilo se llevaron varias pertenencias, entre eso, 130 dólares en efectivo. “Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez (antigua sede de la Policía Metropolitana) para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”, señaló la esposa del muchacho.

 

 

Habían denunciado el acoso, pero nunca  fueron protegidos

 

Emelis González y Joanna Solórzano también tuvieron que ir a la morgue de Bello Monte la mañana del 19 de febrero. Venían del sector Indios de Mariche, Petare, para reclamar los cuerpos de sus esposos: Samuel Velazco, de 31 años de edad y Wilkis Alberto Sevilla Miller, de 34 años de edad, ambos asesinados en la madrugada, presuntamente por las FAES.

 

Emelis inició la conversación. Detalló que ella estaba en la casa de su mamá porque tuvo una discusión con Samuel, razón por la que él se encontraba solo en su casa cuando los funcionarios llegaron al sector. “Como a las 3:00 am comenzaron el allanamiento. Estaba a tres casas, aterrada, porque no sabía que sucedía; mucho menos que habían ido a la mía, hasta que una vecina me aviso. Salí corriendo, pero los policías no me dejaban pasar. El funcionario me dijo: ‘Te voy a pegar un tiro si no te vas”, relató. Sin embargo, ella se escondió cerca de la casa donde tenían a Samuel.

 

González detalló que pudo ver, a través de una rejilla,  cómo golpeaban a su esposo. Dijo que Samuel no tenía camisa y los funcionarios lo mandaron a vestirse. Minutos después, lo sacaron a un callejón, cercano a su casa. Emelis escuchó disparos.

 

Los funcionarios que permanecieron en la casa comenzaron a hurtar las pertenencias de ambos fallecidos. “De

mi casa se llevaron hasta una mezcladora, que le pertenece a un amigo de mi esposo”, recuerda Emelis.

En el mismo callejón mataron a Wilkis Alberto. Su pareja, Joanna, narró que los oficiales de las FAES entraron a la casa dándole golpes con mandarrias a la puerta. Ella y su esposo dormían.

 

“Tumbaron la puerta y entraron muy agresivos. No me hicieron nada a mí ni a mi hijo, pero si nos trataron mal. Nos obligaron a meternos en un baño, mientras que a mi esposo le ordenaban que se vistiera y pusiera zapatos. Lo sacaron y lo mataron en el callejón”, relató Joanna.

 

Wilkis y Samuel recibieron un disparo en el tórax. Ambos fueron llevados al hospital Domingo Luciani, de Petare, sin signos vítales.

 

Hace cinco meses, funcionarios de las FAES le advirtieron a Emelis que iban a matar a su esposo. Del mismo modo habrían procedido con otros habitantes del sector. Ante la amenaza,  varios vecinos denunciaron  el acoso. Emelis fue una de ellas. A pesar de que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, González no recibió respuesta. “Me mandaron a ir hasta El Helicoide, para que denunciara allí también, pero a mí me dio miedo. Cuando me acerqué al sitio, una persona me advirtió que no lo hiciera, porque me podría ir peor, por eso me devolví”, señaló.