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Preso por protestar
y luego asesinado
por las FAES
En el ajetreo que ha vivido durante los últimos meses en procura de justicia para su hijo, Miriam del Valle Gamarra se topó con un funcionario que le aseguró que las FAES actuaban por “una orden presidencial”
Erick S. González Caldea
Fotos y video: Alan Márquez
A las 5:30 am del 13 de mayo de 2019, Miriam del Valle Gamarra iba rumbo a su sitio de trabajo, cuando escuchó el disparo que le quitó la vida a su hijo. Dijo en voz alta: “Señor, protege con tu sangre a mi hijo”. Se persignó e intentó sobreponerse a la angustia que sentía mientras continuaba su camino.
Quince minutos después, recibió una llamada telefónica para informarle que su hijo, Luis Alfredo Ariza Gamarra, había sido asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Miriam corrió por los callejones de Las Adjuntas hasta llegar a la casa donde vivía Luis Alfredo. Vio un charco de sangre y una pistola en el suelo junto a una gorra negra. La escena le confirmó que allí le habían quitado la vida de su hijo de 21 años de edad.
Muy cerca, vigilando la zona, un funcionario vestido de negro la miraba. Miriam le pidió información sobre el paradero de su hijo, pero no obtuvo respuesta.
El cadáver del joven fue llevado al hospital Pérez Carreño con un disparo en el pecho. Según la versión oficial, Luis Alfredo pasaría a engrosar la cifra de muertos por supuesta “resistencia a la autoridad”.
A dos meses de su muerte, Miriam del Valle Gamarra no ha tenido respuestas satisfactorias de parte de las autoridades. La última llamada que recibió de la Fiscalía 127° de Derechos Fundamentales acusaba recibo del expediente de su hijo, que hasta entonces permanecía en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Me dijeron que hay algo raro en esos archivos. Algo que no cuadra. Pero el funcionario no quiso detallarme. Le insistí y me dijo que a mi muchacho lo acusaron de un homicidio. Eso es imposible, él no era un asesino”, afirmó la madre.
Miriam Gamarra aseguró que su hijo fue sometido por funcionarios de las FAES mientras dormía | Foto: Alan Márquez
Lo sacaron de su cama
Miriam llegó a la entrevista acompañada por una amiga y “hermana” de la iglesia evangélica a las cual ambas pertenecen. Frente a ella tenía una taza de té caliente, que nunca tocó. “Me dieron mucho té durante los primero días y de solo verlo me recuerda el funeral”, confesó.
Sobre los detalles del procedimiento la madre coincide con las historias de otras madres, padres, hermanos e hijos que han perdido a un familiar a manos de la policía. “Entraron sin orden de aprehensión ni de allanamiento”, “lo sacaron de su casa”, “le dispararon y se lo llevaron muerto”.
Lo que le terminaron de contar a Miriam fue que a las 5:00 de la mañana de ese día, dos funcionarios de las FAES llegaron a la casa de Yorgelys Campos, novia de Luis Alfredo, preguntando por ella. Entraron al cuarto donde la pareja dormía junto a una niña de 4 años de edad. No dieron explicación alguna. Simplemente y luego de un breve interrogatorio, se llevaron al muchacho.
“Lo mandaron a vestirse y a salir del cuarto. Le tomaron una foto, y comenzaron a interrogarlo. Yorgelys les preguntaban a los oficiales a donde se lo llevaban. Estos le ordenaban que se callara y que solo se lo iban a llevar detenido. Que falsedad. A los pocos minutos de que se fueron se escucharon los disparos en la entrada del callejón”, relató Miriam.
A la madre de Luis Alfredo le preocupa mucho que la pequeña de 4 años, hija de Yorgelis, haya presenciado la violencia de la policía: “Si le preguntas a la niña, ella te contará todo. Cómo sacaron a Luis del cuarto, también te dirá que escuchó todos los disparos”.
Dos de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento estaban encapuchados. El tercero, parado al frente de la charca de sangre de Luis, fue al que los vecinos y familiares del fallecido identificaron como el responsable de la muerte. Pero nunca se identificó.
Tampoco portaba su nombre en el uniforme, como debe ser según la Ley Orgánica del Servicio de Policía, en su artículo 66: “…deberá encontrarse debidamente identificado de modo visible, con mención expresa al funcionario o funcionaria y cuerpo de policía al cual pertenece”.
Miriam se dirigió al hospital Pérez Carreño a buscar a su hijo. En la morgue, pudo ver el cadáver con un disparo en el pecho, así como una inscripción con marcador negro en su pierna izquierda: “Las Adjuntas”.
“Es raro que no lo identificaran por su nombre, sino por el lugar donde lo mataron. Los demás cadáveres que estaban allí, sí estaban identificados por sus nombres y apellidos”, comentó.
Una orden presidencial
Miriam, junto a sus hermanos, fue a retirar el cadáver de su hijo a la morgue de Bello Monte. Durante tres días, la familia peregrino de un lado a otro, buscando documentos de identificación del fallecido, pues el día que lo mataron los funcionarios se llevaron su cédula de identidad.
“Me habían dicho que a mi hijo se le tenía que hacer un reconocimiento post mortem para poder retirarlo. Nunca se lo hicieron. Me parece extraño que hicieran esa solicitud si no iba a ir ningún fiscal”, recordó la madre, mientras mostraba los documentos que le entregaron en el Cicpc y la morgue de Bello Monte.
En el acta de defunción se registró como causa de la muerte lo habitual: “Shock hipovolémico, causado por el paso de un proyectil en el tórax”. Pero el reconocimiento post-morten se dejó a un lado, a pesar de ser uno de los requerimientos exigidos por los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
Miriam contó que, luego de enterrar a su hijo, se dirigió a la sede del Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente contra los funcionarios de las FAES. En el sitio, fue atendida por uno de los abogados de la oficina de Derechos Fundamentales.
“En la Fiscalía me dicen que hay una orden presidencial para que se cometan estos asesinatos si se trata de personas que se están presentado en tribunales. Quedé impactada. Le respondí que cómo era posible que haya una orden así; es decir ¿mandan a matar a la gente por matarla? Mi hijo no era ningún malandro, y aunque lo fuera, esa no es la manera de actuar. Irán a matar a toda Venezuela”, recordó.
Añadió que otro de los funcionarios le reclamó al primero por atribuir las muertes a manos de las policías del presidente Nicolás Maduro. “Este abogado le recalcó que esa orden era una realidad. Ahora, no lo dudo, porque el Presidente no ha declarado nada en contra de esas muertes”, manifestó.
Luis Alfredo Ariza Gamarra fue detenido junto a su suegro por protestar en la avenida principal de La California | Foto: Alan Márquez
Un mes en Tocuyito
Miriam intenta infructuosamente entrelazar los hechos que llevaron a la muerte de su hijo, con la poca información que ha obtenido de parte de las autoridades policiales y fiscales encargadas del caso. “No sé si lo mataron por los antecedentes penales que tenía por protestar en 2017”, dijo.
En abril de ese año, Luis Alfredo Ariza Gamarra fue detenido junto a su suegro por protestar en la avenida principal de La California. Ambos estuvieron cuatro meses privados de su libertad, debido a los señalamientos que hicieron voceros del Consejo Comunal de su edificio, que los estigmatizaron como “guarimberos”.
“Primero estuvo en la sede del Cicpc, en La Urbina, durante tres meses. Luego de la audiencia de presentación, los mandaron a Tocuyito (Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, conocido como cárcel de Tocuyito) donde permanecieron un mes. Allí vi de todo. Tenía que pagarle la causa a mi hijo para que no le hicieran nada. Vi mucho dinero, detenidos con armas largas, droga, prostitución… de todo vi allí. Gracias a Dios a mi hijo lo sacaron de esa cárcel”, recordó Miriam.
La madre explicó que su hijo obtuvo una medida sustitutiva de la privación de libertad con régimen de presentación mensual ante un tribunal de Caracas.
Debido a que tenía una medida de presentación, y aún aparecía en los registros policiales, a Luis Alfredo se le dificultó conseguir empleo. Su madre lo apoyaba con los gastos de él y de su nieto de un año y 10 meses.
“Antes de que la policía lo matara, mi hijo clamó por su vida, le explicaba a los policías por qué no tenía trabajo. Pero fue inútil. Igual lo asesinaron. Ahora me toca encargarme de los gastos de mi nieto. Pero no me pesa, es lo único que me dejó mi hijo. ¿Sabes?, él aspiraba ser diseñador gráfico, pero quería primero tener un buen trabajo para costear sus estudios universitarios”, relató.
“Aun no entiendo por qué mataron a mi hijo. Sí fue por esa fulana orden presidencial de matar a la gente que se presenta, está muy mal”, razonó la mujer.
Luchar contra la impunidad
El terror a las FAES cunde en todos los barrios de Caracas. Para Miriam el miedo que se le tiene a los funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) está sembrado en cada una de las casas de ladrillo y zinc de Las Adjuntas. “Nos tienen rodeados. Siempre nos tienen acorralados”, expresó.
En Macarao, hay una sede de la FAES. Durante muchos años, ese edificio pertenecía a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana. A mediados de 2018, paso a manos de la PNB. El cambio no solo fue de los funcionarios. La fachada, “decorada” con calaveras de color negro, es interpretada por Miriam como un mensaje claro: Las FAES son unos inclementes verdugos.
Miriam también le tiene miedo a las FAES, pero asegura que llevará el caso hasta las últimas consecuencias hasta obtener justicia para su hijo. “Si no se persiste, las autoridades no van a hacer nada”, reafirmó.
Su caso fue uno de los conocidos por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos.
“Me generó confianza. Se notaba que estaba preocupada por la situación que vivimos las víctimas de las FAES. Me abrazó y me dijo que iba hacer todo lo que estuviera a su alcance”, recordó.
A pesar de todas las diligencias que ha hecho la madre de Luis Alfredo Ariza Gamarra, ella recuerda que, tal vez, por una orden del gobierno de Nicolás Maduro, su hijo fue asesinado por las FAES: “Al fin y al cabo, es una orden presidencial y yo no lo dudo”.
