ORFANDAD

A SANGRE

Y FUEGO

Una muerte injusta  trunca proyectos de vida: al menos el del fallecido y los de sus deudos. Los huérfanos y las viudas (porque generalmente los asesinados son hombres) lidian con las ausencias que, en algunos casos, implican mayores esfuerzos para obtener algo tan esencial como comida. Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2019, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado dejaron sin padre o madre a 301 niños, niñas y adolescentes, según los registros de la alianza de medios y ong, entre ellas Proiuris, Monitor de Víctimas

Erick S. González Caldea
Fotos: Alan Márquez

María Guillen tiene cuatro hijos y no tiene trabajo. Tras la muerte de su esposo Taylor Alfredo Di Francesco, de 26 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quedó a cargo de todas las responsabilidades de su hogar: el cuidado y la comida.


Guillen solo se alimenta una vez al día para que puedan comer mejor sus cuatro hijos de 14, 13, 8 y 7 años de edad. Los más pequeños eran hijos de Di Francesco, quien trabajaba como vendedor de charcutería y bebidas lácteas y ganaba 120.000 bolívares a la semana, que apenas le alcanzaba para alimentar a su familia.


Di Francesco fue asesinado el 12 de julio, en El Guarataro, junto a su hermano Taylor Di Francesco y su cuñado José Gregorio Guillen, durante un operativo del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Todos recibieron un disparo en el pecho y fueron trasladados sin vida al hospital Miguel Pérez Carreño. Sus familiares aseguran que fueron ejecutados. Entre los tres, dejaron ocho niños y niñas huérfanos, que dependían directamente del salario de sus padres.


Para María Guillen la muerte de su pareja obligó a la familia a aplicar estrategias de supervivencia: reducir el número de comidas al día, enviar a sus hijos e hijas al colegio solo cuando el Programa de Alimentación Escolar esté funcionando y solicitar ayuda otros miembros de la familia.


Relató que toda su vida había sido ama de casa y que dependía del sueldo de su esposo para mantener a sus hijos. Con la muerte de Di Francesco, las porciones de comida se redujeron a lo mínimo para no morir de hambre. De los tres platos diarios, los hijos mayores solo comen dos, con porciones limitadas.


“Los más pequeños no pueden aguantar. Así que deje de comer para que ellos coman un poquito más. Realmente no me rinde el dinero. Apenas puedo comprar una harina pan a la semana, si acaso. Cuando las FAES asesinaron a Taylor, también nos tiraron a morir de hambre”, señaló Guillen.


La letalidad policial en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales tiene un impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes, por una parte, y en las mujeres que quedan viudas y con una doble carga: el sostén económico del hogar y la canalización de los duelos de todos los integrantes del grupo familiar.


Proiuris precisó que entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2019, 48 niños, niñas y adolescentes quedaron sin alguno de sus padres; generalmente el padre, pues los hombres suelen ser las víctimas más frecuentes de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Los hijos de Heber Escobar, muerto bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana,  quedaron al cuidado de su abuela Kiansi Garnica | Foto: Alan Máquez 

Dicho de otra manera, un promedio semanal de 2,4 niños, niñas y adolescentes perdieron violentamente a uno de sus padres por acción directa de los cuerpos de seguridad del Estado. Son 48 menores de edad que quedaron sin un padre o una madre y, en la mayoría de los casos, sin el único sustento económico de la familia. Ese promedio asciende a 9 al analizar los registros de Monitor de Víctimas (una alianza de medios de comunicación, de la cual forma parte Proiuris) correspondientes a los primeros nueve meses de 2019. La suma asciende a 301 menores de edad.


Los huérfanos por la brutalidad policial corresponden a 319 personas asesinadas a manos de funcionarios policiales. En la mayoría de los casos (216) los responsables son agentes de las FAES y, por esas presuntas ejecuciones extrajudiciales, 234 menores de edad perdieron a sus padres o madres.


Carlos Trapanni, coordinador de Centro de Aprendizaje Comunitario (Cecodap), destacó que con la ejecución extrajudicial de los padres o madres no solo se pierde el sustento económico, pues también queda una herida afectiva. “Se pierde el acompañamiento, la presencia y el contacto con el padre o la madre. Se alteran las dinámicas familiares. Los niños, niñas y adolescentes experimentan una sensación de impunidad latente que, más adelante, creará una generación de adultos heridos por el Estado”, señaló.


El experto agregó que las familias quedan en una situación de vulnerabilidad. “Se cambian las rutinas abruptamente y muchos quedan sin planes para solventar el escollo a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó Trapanni. 


El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas ha identificado y sistematizado 11 estrategias de sobrevivencia familiar, descritas en el documento  The Coping Strategies Index, Field Methods Manual. En el caso de la familia de María Guillen, reducir las porciones de sus comidas diarias y dejar de comprar alimentos preferidos fueron algunas de las estrategias que aplicó luego del asesinato de su esposo.


María Guillén resume su precariedad: “Buscar trabajo en el país es muy difícil y el dinero no alcanza. En mi familia se han vivido las de Caín en procura de un plato de comida. Mientras los chamos están de vacaciones, comemos los desayunos tardes para olvidarnos del almuerzo, y solo preocuparnos por la cena. Si no, no comemos”. 

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