“Tres hijos asesinados,
a dos de ellos
me los mató
la policía”
Lilliana Zerpa está convencida de que su hijo Gregody Andrian Mijares Zerpa, de 17 años de edad, no murió al batirse a tiros con funcionarios del Cicpc, sino que ellos lo asesinaron dentro de su casa. Asegura que uno de los policías responsables le confesó: “Discúlpenos señora. Se nos fue de las manos. Nos equivocamos”. La madre formalizó la denuncia ante el Ministerio Público y transcurridos seis meses todavía no hay investigación, no hay juicio, no hay sanción. Desde hace cuatro años los duelos se le han superpuesto. En agosto de 2014 el mayor de sus hijos, de 20 años, fue asesinado en otro supuesto enfrentamiento con la PNB; apenas cuatro meses después perdió a otro adolescente de 17 años, supuestamente a manos de delincuentes con quienes tenía rencillas
Erick S. González Caldea
I
uando la llamaron para decirle que decenas de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas estaban en su casa, que su hijo estaba adentro, que se habían escuchado disparos, lo primero que hizo fue implorar: “Otra vez no Señor, otra vez no”.
No recuerda el trayecto, ni cómo llegó. Pone el acento en esa media hora, que se le hizo eterna, transcurrida después de las 11:00 am del jueves 11 de enero de 2018, mientras estaba parada frente a un contingente policial que le impedía entrar a su residencia.
Su hogar, del que había salido a las 6:30 am para cumplir con la rutina diaria de ir trabajar como doméstica en La Trinidad, se había convertido en un espacio tomado a la fuerza por extraños. Lo veía desde lejos mientras apretaba fuerte sus labios, como para no dejar escapar sus temores.
¿Qué pasaba? ¿Por qué retenían a su hijo en su propia casa? ¿Por qué no podía entrar? ¿Por qué no podía verlo ni hablar con él? ¿Por qué lo fueron a buscar? Nada. No sabía nada. Nadie le informaba nada.
Intentó forcejear con los policías, pero bastaba que un par de ellos extendiera sus brazos para formar una cadena infranqueable. Los funcionarios del Cicpc se limitaban a decirle “Señora no puede pasar, estamos haciendo un operativo. Buscamos a unos sujetos que están en su casa”.
Angustiadísima, Liliana Zerpa les gritaba: “¿Qué sujetos?, ahí solo está Gregody, mi hijo; él estaba ahí solo, durmiendo”. Pero los policías sólo le prestaban atención por instantes y continuaban hablando entre ellos, comunicándose por radio, anotando en libretas, entrando y saliendo de la casa.
Veía a su alrededor y le parecía que todos los habitantes de Sisipa estaban allí. Se agolpaban para tratar de enterarse de lo que ocurría. En principio se sintió acompañada, hasta apoyada, pero al rato se percató de que, aunque hubiera mucha gente, solo estaban dispuestas a pelear por la vida de su hijo ella, su hermana y su sobrina. A las 11:30 am el movimiento policial se intensificó y las incógnitas se despejaron de la peor manera que Liliana Zerpa puede recordar.
De pronto, cesó todo el ajetreo. Pasaron unos minutos hasta que dos funcionarios salieron de su casa cargando una camilla en la que se observaba un cuerpo cubierto con una sábana. Liliana la reconoció, inmediatamente, era la que vestía la cama de Gregody.
Se desvaneció, cayó de rodillas. Cubrió su rostro con las manos y lloraba sin parar. Mientras trasladaban el cuerpo de su hijo Gregody Andrian Mijares Zerpa, de 17 años de edad, a la parte trasera de un vehículo al que tampoco le permitieron acercarse, repetía: “!Otra vez no Señor, otra vez no!”
C
II
Sisipa está ubicada en el sector Bucarito de la parroquia Baruta, en el municipio El Hatillo. El recóndito sector yace oculto entre los valles de Miranda. Llegar a la barriada implica recorrer un ciento de kilómetros de carretera, que zigzaguean dentro de los cerros.
Al llegar, después de una hora de caminos verdes, se ven cientos de casas aglomeradas en el interior de la montaña.
“Lloraba como loca, nadie me decía nada y vi a un policía que también lloraba, pero estaba lejos. Entonces le pregunté a otro policía que tenía al lado mío ¿Por qué mataron a mi hijo? Y él me dijo: ‘Discúlpenos señora, se nos fue de las manos. Nos equivocamos’”
Liliana Zerpa
Liliana Zerpa ha vivido allí desde que nació, hace 41 años. En principio, estuvo en la casa de sus padres. Cuando comenzó una vida en pareja con el padre de su primer hijo, Gregonis Adrián Sánchez Zerpa, compró la que ocupa actualmente.
Con otro hombre tuvo tres hijos más: Gregonis Andiri, Gregody Andrian, y la menor y única hembra, Grendis. Explica que tienen nombres similares porque quería que todos estuvieran asociados con “Gregorio”, pero no da más explicaciones. Tampoco habla de los padres de sus hijos, ni del primero ni del segundo. Se define como “una de las tantas mujeres de este país que crió a sus hijos sola”.
La policía le quitó tres hijos a Liliana. Sus únicas compañías son su hija Grendis y su nieta de un año de edad.
Grendis tiene 20 años de edad y una hija. Trabaja en La Trinidad como empleada de una cadena de farmacias.
“A mi hermano lo asesinaron, este crimen no puede ser olvidado”, enfatizó.
III
No era la primera vez que Liliana iba a la morgue a reconocer el cadáver de un hijo. El mayor, Gregonis Adrián, tenía 20 años cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana llegaron al barrio en busca de presuntos delincuentes que operaban en la zona. A Liliana le informaron que su hijo se enfrentó a la PNB y murió de varios disparos. Era mecánico de motos. El homicidio ocurrió el 30 de agosto de 2014.
Tres meses y medio después, el 16 de diciembre, vino la segunda pérdida. Gregonis Andiri también fue asesinado. Saliendo de su casa, el adolescente de 17 años fue interceptado y abaleado por otros jóvenes con los que tenía rencillas. Esa es la versión que tiene Liliana, la que le habrían suministrado testigos, porque no hubo mayor investigación policial del hecho.
Volver a la morgue a recoger su segundo hijo asesinado no sería el fin de las calamidades de Liliana. El 11 de enero de 2018 tendría que regresar a la medicatura forense de Bello Monte, porque allí estaba el cadáver del tercer varón que había parido.
“Ese día, el día que mataron a mi hijo Gregody, estaba desesperada. Le preguntaba a todos qué pasó, cómo fue que mi hijo, que estaba en la casa durmiendo, salió de allí muerto. Lloraba como loca, nadie me decía nada y vi a un policía que también lloraba, pero estaba lejos. Entonces le pregunté a otro policía que tenía al lado mío ¿Por qué mataron a mi hijo? Y él me dijo: ‘Discúlpenos señora, se nos fue de las manos. Nos equivocamos”.
A pesar de la tremenda confesión, de que Liliana no olvidaría nunca el rostro de aquel policía que admitió el fatal error que causó la muerte de Gregody Andrian, y de que fácilmente podría identificarlo, esta tercera vez (“Otra vez no Señor, otra vez no”) tampoco hubo una investigación eficiente para identificar a los responsables.
Después del asesinato de sus tres hijos, Liliana Zerpa se aferra a su fe /Foto Mikel Ferreira
Liliana precisa que el muchacho tenía días libres, sobre todo si redoblaba su jornada laboral en una empresa de construcción. Y que, por ello, ese 11 de enero estaba en la casa a las 10:00 am, cuando irrumpió la policía. “Mi sobrina le había llevado el desayuno a las diez de la mañana. Ella me contó que unos diez minutos después de que ella le dejó la comida, la policía llegó al barrio, se desplegó, encontró mi casa y pasó lo que pasó”, afirma.
“Mi muchacho era muy cariñoso y todo lo hacía un chiste. A veces él se sentaba en el sofá grande y ponía su cabeza en mis piernas para que le hiciera cariños”, recuerda con ternura.
“Mamá, para qué vas a denunciar, si sabes que fueron los policías quienes lo mataron, ellos son malos. No quiero que te hagan daño”
Grendis Mijares
Recuerda la primera vez que pudo entrar a su casa después de lo ocurrido. Fue a las 4:00 pm, más de cinco horas después del asesinato. “Lavaron la escena del crimen. Justo aquí encontré un charquero de agua”, dice mientras muestra un espacio de la cocina. “¿Qué querían ocultar? Son tan descarados que después de que me matan a mi hijo se disculpan y dicen que se equivocaron. ¿Cómo te equivocas para matar a una persona?”, repite y destaca como argumento esencial en todas las oportunidades que conversó con Proiuris a lo largo de tres meses.
Pasó un mes viviendo con una amiga en La Trinidad. Asegura que no podía dormir en su casa trastocada en escenario del crimen. No quiere saber en qué lugar específico asesinaron al muchacho. Cubrió con yeso, con cemento, con espejos, con adornos, con calendarios… los orificios de las balas que quedaron en las paredes. Dice que pocas veces entra a la habitación donde dormía el joven. Allí permanece una cama tendida.
Liliana se levanta del mueble y camina por la casa en la que ha vivido durante casi 20 años y que ahora parece no reconocer. Se detiene y mira la pared que está al envés de la puerta principal. Allí hay un altar con fotografías de sus tres hijos muertos, flores de plástico, una imagen de José Gregorio Hernández y media docena de rosarios multicolores.
“Antes el altar estaba frente a la puerta. No lo podía tener allí. Cada vez que entraba veía las caras de mis hijos. No podía con tanto dolor. Lo fui cambiando. Una vez lo puse al final del pasillo, pero tenía la sensación de que me vigilaban. Por eso ahora está detrás de la puerta”, relata la mujer.
Liliana se autodefine define por la tragedia que le ha tocado vivir como madre: “Son tres hijos asesinados, a dos de ellos me los ha matado la policía”
IV
De acuerdo a la reseña oficial del caso elaborada y difundida por el Cicpc el 11 de enero de 2018, “Gregody Andrian Mijares Zerpa, alias ‘el Bebé’, falleció tras enfrentarse a comisiones de la División Contra Robos”.
“Si fueron funcionarios del Cicpc los que mataron a mi hijo, ¿cómo confiar en las investigaciones que quedaron a cargo de sus compañeros de trabajo, de otros funcionarios del Cicpc? Lo más probable es que no hayan hecho nada”.
Liliana Zerpa
El informe policial reseña que “luego de múltiples pesquisas realizadas por los funcionarios, en búsqueda de la identificación plena y ubicación de los miembros de la banda ‘Los Plateados de los Bucaritos’, responsables de los robos de residencias ocurridos en la zona de El Hatillo, lograron la ubicación de los mismos en el lugar antes mencionado. Los detectives se dirigieron al lugar para realizar la aprehensión de los miembros de este grupo hamponil, quienes al notar la presencia policial efectuaron disparos en contra los efectivos, originándose un intercambio de disparos, donde resulta herido uno de los delincuentes, el cual fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, lugar en el que fallece, mientras que el resto logra huir del sitio. En el lugar del hecho se incautó una pistola marca Walther PPK, calibre 7.65 mm, dos balas y cuatro conchas. Igualmente al ser verificado el hoy inerte se constató que el mismo presenta registros policiales por el delito de robo. La Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas tiene el conocimiento del caso”.
Liliana niega tajantemente esta versión. “Mi hijo no era ningún ladrón. Sé que mis hijos mayores no eran unos santos, uno de ellos estaba en malos pasos. Pero Gregody no era un delincuente”, asegura. Insiste en que, ese día, el muchacho estaba solo en la casa.
Gregody Mijares Zerpa tenía 17 años cuando fué asesinado /Foto Mikel Ferreira
V
“Mamá, para qué vas a denunciar, si sabes que fueron los policías quienes lo mataron, ellos son malos. No quiero que te hagan daño” advierte su hija Grendis Mijares.
Al día siguiente de la muerte de Gregody Andrian, Liliana formalizó la denuncia ante el Cicpc. Ese día le aseguraron que del Ministerio Público la llamarían en tres meses, pero eso no ocurrió.
Liliana cuenta que no denunció la muerte de su primer hijo porque el miedo se apoderó de ella, pero que esta vez no se dejará vencer. “Quiero al menos intentarlo. Quiero un poquito de justicia. Se tiene que hacer justicia por esta muerte. Mi hijo se la merece”, insiste. Se siente engañada por los detectives del Cicpc con quienes ha hablado acerca del caso y que justifican el asesinato al señalar que Gregody Andrian estaba solicitado por robo en una residencia de El Hatillo.
“Cuando me entrevisté con los policías me dijeron que me iban a entregar los documentos que tenían porque los agraviados estaban en Puerto la Cruz. ¿Que conveniente no? Mi hijo en su vida había robado algo. Era un muchacho sano y lo culparon de ratero”, asegura.
—¡Los voy a denunciar! ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir?, dijo Liliana al oficial que la entrevistó el 12 de enero de 2018.
—Señora, haga lo que esté en sus manos, la Fiscalía la va a llamar en los próximos tres meses, le aseguró el funcionario del Cicpc que le entregó la denuncia necesaria para retirar el cadáver de Gregody de la morgue de Bello Monte.
Pasaron tres meses y no hubo llamada de la Fiscalía. Ya ha transcurrido medio año y nada. Liliana razona con elemental sentido común: “Si fueron funcionarios del Cicpc los que mataron a mi hijo, ¿cómo confiar en las investigaciones que quedaron a cargo de sus compañeros de trabajo, de otros funcionarios del Cicpc? Lo más probable es que no hayan hecho nada”.
Liliana no esperó más y el 30 de abril acudió al Ministerio Público. Hasta el presente, solo ha logrado la designación del fiscal 80° de Derechos Fundamentales, Elvis Rodríguez, como responsable de las investigaciones.
El engavetamiento del caso en una oficina policial opera como mecanismo de impunidad. Aunque el Ministerio Público está obligado a garantizar la celeridad de las investigaciones penales, en este, como en muchos otros casos en los cuales las víctimas son estigmatizadas a priori como delincuentes, la Fiscalía se cruza de brazos y se limita a esperar por los resultados de las pesquisas. “No hemos tenido respuesta en concreto. El fiscal me dijo que espere las experticias del Cicpc. Pero, ni un papel le han dado”, resume Liliana.
“Eso fue una sentencia de muerte, sin fiscal ni juez”, repite y no se saca la idea de la cabeza. Por el contrario, la resguarda como asidero para fortalecer su demanda de justicia. Al principio de sus encuentros con Proiuris, su tono de voz era bajo; varias semanas después demuestra que, aunque desgarrada, no está del todo vencida.
Desde hace cuatro años cuando comenzó a perder a sus hijos, también ha perdido kilos. “Como siete”, dice y le resta importancia a su adelgazamiento. Prefiere reafirmar su voluntad de lucha contra la impunidad. Esa confesión que le habría hecho un policía la llena de coraje: “Discúlpenos señora. Se nos fue de las manos. Nos equivocamos”.
