EN VENEZUELA

LA AUTORIDAD

MATA

La violencia estatal en el país comienza a adquirir características de exterminio sistemático. El Estado, lejos de investigar los excesos de los cuerpos de seguridad, ha tratado de legitimar una política de mano dura a través de una narrativa perversa que invisibiliza a las víctimas y fomenta la impunidad.

ejecuciones extrajudiciales 1.jpg

Erick S. González Caldea

E

       n Venezuela, un país desbordado por la criminalidad, el gobierno se ha empeñado en darle un sentido acomodaticio a la muerte. Ante la tragedia que significa ser la segunda nación del mundo con más homicidios por arma de fuego, la resistencia a la autoridad es una categoría que ha sido sistemáticamente utilizada para disimular las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado y encubrir eventuales excesos en el uso de la fuerza pública que podrían llegar al extremo de  las ejecuciones extrajudiciales.

Proiuris analizó y sistematizó la información contenida en 100 minutas o notas de prensa elaboradas y difundidas entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018 por los mismos cuerpos de seguridad intervinientes en los presuntos enfrentamientos con delincuentes, en las cuales se utilizan los términos “neutralizados”, “dados de baja” o “abatidos” para referirse a las personas asesinadas.

En estos documentos “filtrados” a la prensa se insiste en que el resultado mortal del procedimiento se debe a la comisión del delito de “resistencia a la autoridad”, tipificado en el artículo 215 del Código Penal venezolano: “El que amenace a un funcionario público o a uno de sus parientes cercanos, con el fin de intimidarlo para hacer o dejar de hacer algo propio de sus funciones, será castigado con prisión de uno a tres años. Si el hecho se ejecutare con violencia la pena será de dos a cuatro años”. A simple vista, se trata de un delito relativamente leve en comparación con el homicidio, que es castigado con prisión de 12 a 30 años.

El delito de resistencia a la autoridad anula el delito de homicidio, pues, se supone, (no está señalado en las minutas), que en estos casos operan los llamados eximentes de responsabilidad penal: cumplimiento del deber o legítima defensa. Pero las dudas tienen que ver con las circunstancias del hecho: ¿realmente fue un enfrentamiento? Sin que esta interrogante esencial sea suficientemente aclarada mediante una investigación fiscal independiente, eficiente y oportuna, se culpa al presunto delincuente de su propia muerte y se exonera de toda responsabilidad penal al funcionario policial o militar. En definitiva, a través de las minutas, que en muchos casos constituyen el único registro oficial de los hechos,  se invierten las nociones de víctima y victimario para tratar de justificar y legitimar la violencia del Estado.

Los resultados del análisis realizado por Proiuris confirman que las autoridades y agentes de todos los organismos policiales y militares involucrados en la seguridad ciudadana hacen coro de la resemantización de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos que caracteriza a la llamada revolución bolivariana. Aunque pareciera impertinente e innecesario, el componente ideológico está presente en los reportes de los procedimientos que concluyen en homicidios de presuntos delincuentes. “Chávez vive”, se suele agregar al final de este tipo de documentos.

En sintonía con un discurso bélico que inunda toda la gestión pública, las minutas policiales revelan que la seguridad ciudadana en Venezuela está determinada por eufemismos que, según expertos en criminología y análisis del discurso, tienen como objetivo lograr adeptos a políticas de mano dura que se asemejan a prácticas de exterminio.  

Al modo de 1984, de George Orwell, el gobierno venezolano ha tratado de institucionalizar una neolengua que intenta legitimar la violencia que se ejerce desde el poder y persigue el aniquilamiento físico y simbólico de todo aquel que el mismo gobierno identifica como enemigo. El objetivo de detener el auge delictivo pasa a un segundo plano, pues lo prioritario es justificar ante la opinión pública una razzia, cada vez más cruenta,  de presuntos delincuentes.

Las 100 minutas analizadas también indican que el combate a la delincuencia en Venezuela tiende a prescindir de las garantías de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reivindican su condición de autoridad, pero igual matan. La prohibición absoluta de la pena de muerte en Venezuela pierde valor.

Fueron 100 procedimientos ejecutados entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018 y que concluyeron con 171 personas asesinadas. 168 eran hombres y 3 mujeres; dos menores de edad. La identidad de 82 ciudadanos no fue suministrada, pero sí sus presuntos alias. A 79% de las víctimas no se les precisó la edad. Sin embargo, la mayor cantidad de fallecidos tenían entre 18 y 34 años de edad.

En los supuestos enfrentamientos todos los presuntos delincuentes resultaron muertos, mientras que en solo 4 de 100 procedimientos hubo un total de 5 funcionarios policiales heridos, con heridas leves; ninguno falleció.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana  (FAES) fueron los causantes de la muerte de 108 personas. En segundo lugar figura el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 31 fallecimientos. 

57% de las víctimas (98) no fueron trasladadas  a centros hospitalarios, luego de que fueran heridas en los presuntos enfrentamientos. 42% de las víctimas (73) fueron llevadas a un centro hospitalario, pero solo en 21,9% de los casos se reportaron las heridas.

Lo más perverso de estos “operativos”, avalados por los altos funcionarios gubernamentales, es el desdibujamiento de la identidad de las personas fallecidas, pues en la retórica oficialista, simplemente, son mostrados como “sujetos” que merecían ser “neutralizados”, “dados de baja” o “abatidos”.

Graficos 2 ingles_page-0001.jpg

La antropóloga Nydia Ruiz pone el énfasis en el ejercicio abusivo del poder y los efectos del uso artificioso del lenguaje.

En opinión de la investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes), el riesgo es que los ciudadanos terminen convertidos en soldados obedientes, disciplinados y subordinados: “Cuando se incorporan a la vida civil estas expresiones de los militares -“dado de baja”, “neutralizado”, “abatido”- estamos aceptando que las cosas no se llamen por su nombre, en este caso homicidios; estamos aceptando la dominación. Si aceptamos las máscaras, estamos aceptando lo que tratan de cubrir. Es un deber ciudadano oponerse a la militarización del lenguaje político con el deliberado propósito de encubrir delitos”.

Terror en el barrio

La falta de rigor metodológico en la elaboración de las minutas dificulta hacer comparaciones y emerge como un primer elemento (¿deliberado?) de las fallas del registro de las actuaciones policiales y militares que culminan en homicidios, por ejemplo a efectos del diseño de políticas de seguridad ciudadana ajustadas a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso proporcional y progresivo de la fuerza pública. En ningún caso de los 100 analizados se refiere la presunta comisión de excesos por parte de los funcionarios. Cada organismo policial o militar informa lo que quiere y como quiere, con lo cual se dificulta el escrutinio público.

Frecuentemente, los nombres de los muertos son sustituidos por remoquetes, con lo cual se incorpora un elemento de estigmatización adicional.  Así ocurrió durante un procedimiento desarrollado por funcionarios de las FAES, el 22 de mayo de 2018, en el Bloque 11 de Lomas de Urdaneta, en la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas. En esa oportunidad funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mataron a ocho personas. “el Luisito”, “el Picúa”, “el Esmi”, “el Albertico”, “el Adonai”, y “el Nené" fueron los “neutralizados”, de acuerdo a la jerga policial utilizada para justificar los homicidios. Todos serían alias impuestos arbitrariamente por la policía, pues  los familiares y vecinos de los fallecidos no los reconocen como reales. Lo que no falta en esta y en todas las minutas es un arma de fuego al lado de cada cadáver, como evidencia del presunto enfrentamiento. Con la “ayuda” de los técnicos del Cicpc se completaría la versión oficial. 

En la referida minuta se indican los nombres y cargos de cuatro funcionarios en calidad de informantes, como si se tratara, simplemente, de los que hacen el reporte. No se precisa cuántos funcionarios intervinieron en el procedimiento, como tampoco sus nombres y cargos.

El operativo se prolongó en varios pisos del Bloque 11, al menos durante una hora y 21 minutos, según se indica en el documento. Durante ese lapso los vecinos habrían permanecido aterrorizados por la incursión policial que, por cierto, habría incluido varios allanamientos de residencias, aunque ello no se menciona y, por lo tanto, nada se dice de las órdenes judiciales de visita domiciliaria que se requerían. A efectos de prescindir de esta exigencia legal, tampoco se precisa si se trataba de la comisión flagrante de delitos.

ejecuciones extrajudiciales 2.jpg

Se señala que el oficial de la PNB Luis Alberto Rizzo González resultó muerto, pero no se precisa que ese homicidio fue el detonante de la razzia que se emprendió después. Cuando la policía sale a vengar la muerte de un compañero puede llevarse por delante a cualquiera que se atraviese en su camino. Es una práctica habitual de los cuerpos de seguridad del Estado que se asemeja más a la venganza que a la justicia.

Solo en uno de los ocho homicidios, se acreditan supuestos antecedentes delictivos de los fallecidos: “…perteneciente a la banda del Jairito, dedicado a la venta de sustancias estupefacientes, robo y hurto de vehículos, vinculado con la muerte del funcionario caído oficial agregado (CPNB) Rizzo Luis”. La referencia corresponde al “ciudadano neutralizado: indocumentado alias el Luisito”. Solamente en cuanto  al ciudadano apodado “el Esmi”, la minuta reporta un traslado al hospital Los Magallanes de Catia: “Antendido (sic) por el grupo de guardia numero (sic) 2, indicando que el hoy occiso presentó dos (02) heridas por arma de fuego producida (sic) por un arma de fuego, en la región pectoral, producida presuntamente por el paso de proyectiles disparado (sic) por un arma de fuego”.

“Cuando se incorporan a la vida civil estas expresiones de los militares -'dado de baja', 'neutralizado', 'abatido'- estamos aceptando que las cosas no se llamen por su nombre, en este caso homicidios”

Nydia Ruiz, antropóloga

La minuta concluye con un lema utilizado por la PNB, en letras mayúsculas y sin la coma que debería separar la enumeración de verbos: “PROTEGER DEFENDER Y SERVIR A NUESTRO PUEBLO”. Hay un dato adicional, también en letras mayúsculas: “FAES SOMOS UNO”.  Las FAES, el grupo élite de la PNB, se ufana de haberse convertido en “el terror de los delincuentes”, como reza uno de sus lemas.

Y lo que sigue es la impunidad, pues ninguno de estos ocho homicidios ha sido debidamente investigado. Lo único que se tiene como versión (sentencia) definitiva e inapelable es una “minuta”, elaborada por los mismos funcionarios responsables que aplicaron la pena capital sin fórmula de juicio.

Entre mayo de 2017 y mayo de 2018 fueron asesinadas 301 personas durante operativos policiales en el Área Metropolitana de Caracas, 87% a manos de agentes del Cicpc y de la PNB, según datos recabados por Monitor de Víctimas. Y en 2018, 570 muertes fueron atribuidas a los cuerpos policiales en la región capital.

En 2017, la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció que en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales constituyen una política sistemática contra un sector social históricamente marginado, a pesar de la instrumentalización política que el chavismo ha hecho al equiparlo con la categoría pueblo:  “La policía y las fuerzas armadas ingresan a barrios pobres, fuertemente armados y en gran número, nivelando todo lo que está en su camino”, explicó luego de su deslinde político-ideológico del gobierno y antes de que fuera destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.

Ninguna de las 505 ejecuciones extrajudiciales que denunció Ortega Díaz ha sido debidamente investigada por su sucesor, en la conducción del Ministerio Público, Tarek William Saab, quien está a la cabeza de esa institución desde el 31 de julio de 2017.

Las deficiencias en el registro de los homicidios en el contexto de presuntos enfrentamientos con la policía abona la impunidad. En 85 de las 100 minutas analizadas por Proiuris, no consta que fiscales del Ministerio Público hayan sido notificados de los procedimientos ni de sus resultados. De esta manera, los casos de 139 fallecidos no están en manos de la Fiscalía y probablemente no se investiguen. En caso de haberse cometido algún exceso en el uso de la fuerza pública, seguramente quedará impune.

Solo 15 procedimientos de los 100 analizados  fueron notificados al Ministerio Público y quedaron en manos de 11 fiscalías. Cuatro están en Fiscalía 20° del estado Aragua y solo un caso fue enviado a una fiscalía encargada de investigar las violaciones a los derechos fundamentales.

Vidas precarias, muertes precarias

“Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”. De esta forma, Judith Butler se aproxima a la noción de “vidas precarias”, que le da nombre al libro de su autoría, a través del cual analiza y deconstruye el discurso oficial sobre el ejercicio de la fuerza pública. La obra de la filósofa estadounidense tiene como telón de fondo los intentos de justificar la violencia estatal luego del ataque terrorista al World Trade Center, en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Como si tuviera a la vista una de esas minutas policiales que “filtran” los cuerpos de seguridad en Venezuela, ésas donde los términos “neutralizado”, “abatido” o “dado de baja” aplastan todo vestigio de dignidad humana, Butler  advierte: “Lo que está privado de rostro o cuyo rostro se nos presenta como el símbolo del mal, nos autoriza a volvernos insensibles ante las vidas que hemos eliminado y cuyo duelo resulta indefinidamente postergado”.

Apoyado en las reflexiones de Butler y otros reconocidos intelectuales contemporáneos el criminólogo Keymer Ávila profundiza sobre los propósitos del gobierno cuando promueve el exterminio de presuntos delincuentes. El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) sostiene que las autoridades venezolanas han usado recursos manidos por otros regímenes que sistemáticamente violaron o violan derechos humanos.

Keymer Ávila.png

Keymer Ávila, criminólogo, considera que la brutalidad policial es el resultado de la militarización de la seguridad ciudadana / Foto: Mikel Ferreira

Ávila afirma que la narrativa oficial con ribetes bélicos fomenta la polarización, y que los periodistas, como corresponsales de guerra, corren el riesgo de convertirse en instrumentos de los poderosos para vencer en cada batalla, entre ellas la batalla de la opinión pública.

Es común presentar como delincuentes a todas las personas que mueren a manos del Estado. Se ofrecen números como expresión de “eficiencia”, pero se ocultan las identidades de las víctimas y sus historias.

Al analizar las cifras oficiales sobre letalidad policial, ofrecidas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, en 2017, el criminólogo aporta un dato revelador: en 2016 hubo 16 homicidios a manos de policías por cada 100.000 habitantes y la tasa subió a 19 al año siguiente. "Estamos en las primeras posiciones de América Latina y del mundo", destacó.

En opinión de Ávila, la brutalidad policial en ascenso, ejecutada por grupos como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, es un resultado predecible de la militarización de la seguridad ciudadana. Los militares están formados para la guerra y la noción de enemigo sepulta a la idea de ciudadano con derechos, incluso si se trata de un ciudadano que ha cometido delitos.

En la mayoría de los casos, los homicidios a manos de policías y militares reportados como resultados de presuntos enfrentamientos con supuestos delincuentes  corresponden a personas con vidas precarias (en el sentido excluyente y estigmatizante que señala Butler) y que parecieran predestinadas por el Estado a tener muertes precarias. En el discurso oficialista, la “neutralización” de presuntos delincuentes no debería causar dolor y mucho menos repudio en la sociedad venezolana. Pero, paradójicamente, se trata de personas con características físicas, sociales, económicas y culturales de los que el gobierno venezolano amasa a través de la categoría “pueblo”.

Graficos 2 ingles_page-0003.jpg

El altavoz de la prensa

Si los comunicadores sociales se conforman con la versión oficial contenidas en las minutas, alimentan el relato que promueve el Estado venezolano para legitimar los excesos en su actuación contra la delincuencia.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su Informe Anual 2017, alertó sobre la violencia estatal: “El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como ‘dados de baja’ por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país”.

El OVV insistió en la gravedad de la situación: “Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierte en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”.

“Lo que está privado de rostro o cuyo rostro se nos presenta como el símbolo del mal, nos autoriza a volvernos insensibles ante las vidas que hemos eliminado y cuyo duelo resulta indefinidamente postergado”

Judith Butler, filósofa

En 2018, el OVV reiteró su preocupación por “los efectos de la acción de exterminio policial” y volvió a alertar sobre los riesgos de las políticas de mano dura: “Ciertamente actuar con firmeza frente al delito es una demanda de la sociedad y ha sido un reclamo que por más de una década se ha hecho a los cuerpos de seguridad. Pero ser firme ante el delito no significa que quien es responsable del resguardo y protección de la ciudadanía asuma que la ley o el cargo le faculta para actuar con arbitrariedad, cometiendo graves delitos como ajusticiamientos, secuestros y abuso policial. Quien persigue el delito no puede hacerlo fuera de la ley, pues así no se garantiza justicia o legalidad sino que se debilita la institucionalidad, la sociedad se crea una imagen negativa de las fuerzas policiales y crece la violencia, incrementándose la mortalidad y el delito”.

Sobre el riesgo de que la prensa reproduzca en forma acrítica el discurso belicista y deshumanizante que utilizan los cuerpos de seguridad del Estado venezolano (por escrito a través de las minutas policiales y oralmente en boca de las más altas autoridades gubernamentales), Keymer Ávila invita a reflexionar sobre la tesis del “periodismo incorporado”. Informar desde la perspectiva de quienes detentan el poder, generalmente el poder político y el poder de fuego, es la negación del papel contralor intrínseco del periodismo. Se trata de una preocupación que surge del llamado periodismo de guerra, a propósito del acceso al campo de batalla o filtración de información privilegiada a cambio de noticias sesgadas. De este modo, los periodistas, como soldados, se suman a las filas de los más fuertes  en desmedro de su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos.

La psicóloga social Magally Huggins agrega que los periodistas deben asumir cabalmente su rol contralor, sobre todo en un contexto dictatorial. Recuerda que los periodistas y los medios de comunicación social han sido víctimas de un hostigamiento sistemático del gobierno, precisamente por su influencia en la opinión pública y en la creación de un imaginario colectivo en torno a la violencia. “Lo peor que puede pasar es que los comunicadores sociales contribuyan a crear una sociedad de súbditos”, advierte.

Los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de derechos humanos han contribuido, con denuncias documentadas, a desenmascarar abusos cometidos en los procedimientos policiales y militares que no figuran en las minutas.

En un informe titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, publicado el 22 de junio de 2018, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió: “El patrón de conducta que seguían las fuerzas de seguridad era irrumpir en las casas sin orden judicial y someter a la víctima antes de abrir fuego a corta distancia sin justificación alguna. A continuación, las fuerzas de seguridad habrían encubierto los asesinatos simulando un intercambio de disparos, sugiriendo que las víctimas habían abierto fuego primero”.

“Al analizar las cifras oficiales ofrecidas por el ministro (de Interior, Justicia y Paz) Néstor Luis Reverol en 2017, nos encontramos con 16 homicidios a manos de policías por cada 100.000 habitantes en 2016 y que la tasa subió a 19 al año siguiente. Estamos en las primeras posiciones de América Latina y del mundo”

Keymer Ávila, criminólogo

Amnistía Internacional, en el reporte “Esto no es vida”, divulgado el 20 de septiembre de 2018, reveló que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela han aumentado 619,53% entre 2012 y 2016. En el documento se indica que “en muchos casos, éstas (las ejecuciones extrajudiciales) son encubiertas como supuestos enfrentamientos armados. La mayoría de las víctimas, entre las que se encuentran adolescentes, fueron tildadas de delincuentes, aunque en la realidad se trataba de personas que protestaban, o personas no armadas y que provenían de barrios pobres”.

Pocas “bajas” del otro lado

Las reseñas oficiales de los presuntos enfrentamientos escamotean información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los homicidios, lo cual aumenta la opacidad de los procedimientos.

En el análisis de 100 minutas realizado por Proiuris destaca la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes asesinados y policías y militares es 171 a 0. Solo cinco funcionarios resultaron heridos y, en definitiva, todos quedaron fuera de peligro.

En apenas 16 de los documentos analizados (29% de los fallecidos) se especifica el tipo de heridas causadas a los fallecidos y en qué lugar del cuerpo las sufrieron. Sin embargo, se admitió que a 12 personas los policías o militares dieron muerte por impactos de bala en el tórax.  

98 víctimas (56,32%) de un total de 171 no fueron llevadas a centros hospitalarios, luego de que fueran heridas en los presuntos enfrentamientos.

Graficos 2 ingles_page-0002.jpg

El índice de letalidad en los casos documentados es extremadamente alto, a pesar de que la legislación del país establece que los funcionarios de seguridad solo deben usar la fuerza letal cuando su vida corra un peligro inminente.

El numeral 1 del artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de la Policía Nacional establece: “El nivel del uso de la fuerza a aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición del funcionario o funcionaria”.

“Lo peor que puede pasar es que los comunicadores sociales contribuyan a crear una sociedad de súbditos”

 

Magally Huggins, psicóloga social.

En muchos de los casos reseñados a diario en la prensa venezolana sobre personas asesinadas por funcionarios policiales, los familiares de las víctimas denuncian que los oficiales irrumpen a los hogares de forma violenta y agreden a la víctima antes de ejecutarla, muchas veces, cerca de sus familiares.

“En ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni maltratos morales a las personas objeto de la acción policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo directo”, se estipula en el numeral 5 del artículo 7 de la referida ley.

Los policías, al plasmar los hechos en las minutas, afirman que el victimario tenía una actitud sospechosa, “por lo que procedieron a la imperiosa labor de hacerle frente y comenzar un enfrentamiento”, se indica en uno de los documentos analizados. No se explica si los oficiales aplicaron el código que los obliga a agotar mecanismos de persuasión para aprehender a los presuntos agresores.

El Estado venezolano, en 1990, suscribió los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley”, establecidos por Naciones Unidas. Estos principios obligan al Estado, sus  gobiernos y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a adoptar y aplicar normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas.

Entre las directrices internacionales sobre la materia destaca la obligación de especificar las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar y usar armas de fuego. Sin embargo, detalles como el nombre completo de la víctima, la identificación precisa de los funcionarios actuantes y la notificación que se debe hacer al Ministerio Público no siempre aparecen registrados en las minutas.

“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierte en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social”

Observatorio Venezolano de Violencia

La ejecución extrajudicial no está tipificada como delito en el país, pero los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano imponen la obligación de emplear todos los mecanismos legales disponibles para investigar este tipo de hechos. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos es de 98%.

Las dificultades para que los familiares de las víctimas puedan impulsar las investigaciones comienzan con los obstáculos para el acceso a los expedientes. Aún así, hay quienes no sucumben ante estos mecanismos de impunidad, pues el dolor por la pérdida y la legítima aspiración de justicia son más fuertes.

Proiuris se aproximó a tres de estas familias y, además de escucharlas, les proporcionó asistencia jurídica. En las historias que integran este reportaje especial se reivindican las voces Rosa Ángela Justiniano (Yoya), Thaína Molina y Liliana Zerpa, tres madres dispuestas a refutar injustas sentencias de muerte.