Yoya lidia con el insomnio y la impunidad

El 15 de febrero de 2018, Luis Alberto Rodríguez Justiniano fue asesinado en un presunto enfrentamiento contra funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Un pelotón irrumpió en el barrio Las Cumbres, en Mamera, para vengar la muerte de dos integrantes de ese cuerpo de seguridad que había ocurrido ese mismo día. “Resistencia a la autoridad” fue la versión oficial, la cual es refutada por la familia de Rodríguez Justiniano con un argumento simple: durante cinco horas estuvo sometido y esposado, y así lo sacaron de su residencia. Sola, con 67 años de edad y un duelo que no la deja dormir, Yoya, la madre, va y viene del Ministerio Público para que el asesinato de su hijo no quede impune

Erick S. González Caldea

            Rosa Ángela Justiniano no le pesaron sus 67 años de edad para subir 301 escalones en menos de cinco minutos. Todos estaban en ascuas. “Se metió la policía”, “se metió la policía”, corría la voz de alerta…

Llegó jadeando al sector Las Cumbres de la parte alta del barrio La Acequia, que había sido tomado por un contingente 20 de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales e la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con los rostros cubiertos con capuchas e irrumpieron en la casa de Luis Alberto Rodríguez Justiniano,  uno de sus seis hijos. Quiso entrar, pero la policía no se lo permitió. Cuando insistió, uno de los uniformados la empujó hacia una construcción desde donde pudo observar lo que ocurría.

La puerta estaba abierta –cuenta la mujer- y él  estaba en la sala arrodillado, con las manos atadas en la espalda. Adriani Ollarves, la esposa de Rodríguez Justiniano, dice que intentaba convencer a un uniformado de que dejara salir de la residencia a sus hijos de 17 y 14 años de edad, a quienes los policías también mantenían sometidos y arrodillados.

El “operativo” comenzó a las 9:00 am del 15 de febrero de 2018 y se prolongó más de cinco horas. A las 2:30 pm, los agentes de las FAES sacaron al hombre de 34  años de edad de su residencia. Se lo llevaron por la parte de atrás de la casa hasta llegar a la calle principal de Las Cumbres. Todos los presentes lo vieron: estaba esposado y sin camisa. Rosa Ángela y Adriani gritaban: “¡¿Dónde lo llevan?!, ¡suéltenlo!”.

Minutos después se escucharon varios disparos. La madre y la esposa callaron, los vecinos callaron.  Rosa Ángela recuerda que sintió una fuerte presión en el pecho, que le faltaba el aire y que apenas podía mantenerse de pie. Luis Alberto Rodríguez Justiniano había sido asesinado y, allí mismo, de inmediato, los policías les informaron que había utilizado un arma de fuego para disparar en su contra. “Resistencia a la autoridad”, fue el móvil registrado en la versión oficial. En la práctica, la reseña policial resumida en una minuta ha operado como una sentencia única e inapelable, como una sentencia de muerte.

“A mi hijo lo sacaron esposado y sin camisa de su casa, cómo iba a disparar un arma si estuvo sometido y esposado durante más de cinco horas. Nosotros lo vimos, lo sacaron esposado y sin camisa”, repite  Yoya, y ese es su mayor asidero para asegurar que lo ejecutaron.

 

II

Desde hace 47 años,  Yoya vive en la parte alta del barrio La Acequia, sector 12 de Octubre, en Mamera, Caracas. 301 escaleras la separan de las calles de Antímano.

 

Cada tarde espera vanamente que su hijo asesinado por el FAES le silbe desde la calle, como solía hacerlo. Como si fuera posible volverlo a ver con vida, se asoma en el balcón de su casa. Pero en el panorama solo están los centenares de viviendas apiñadas que cubren un cerro donde el verde de los árboles fue arrasado por el ladrillo de las construcciones. “Él no va a aparecer Rosa, me lo mataron”, recapacita.

A

altar religioso

El sincretismo religioso permace intacto en el hogar de Luis Alberto Rodríguez Justiniano, donde matienen vivas sus creencias/ Foto Mikel Ferreira

De sus seis hijos, tres han muerto. El 23 de agosto de 2000, una bala perdida le quitó la vida a Miguel Ángel Rodríguez Justiniano, de 33 años de edad, mientras estaba con su familia en su casa. Cinco años después, su primogénito, José Luis, de 39 años de edad, falleció de cáncer. Y el 15 de febrero de 2018  las FAES mató a Luis Alberto. “Me lo mataron malamente”, repite.

“¿Sabes?, a él lo radiaron y cuando vieron que tenía antecedentes por robo, le dijeron a John, el segundo hijo de Luis Alberto, que iban a matar a su papá”, cuenta Yoya.

En 2015, Luis Alberto Rodríguez Justiniano estuvo detenido tres meses en una carpa de la Guardia Nacional Bolivariana, sindicado de hurtar material de construcción de una obra en la avenida Nueva Granada, en donde laboraba. Fue imputado por la Fiscalía, pero el Tribunal 11° de Control de Caracas le concedió libertad condicional; se debía presentar periódicamente ante el juzgado. El 12 de agosto de 2016, la juez Irma Carolina Vecchionacce emitió una orden para que lo desincorporaran del Sistema Integral de Información Policial (Sipol), donde aparecía solicitado por las autoridades policiales. El mandato nunca se ejecutó.

Desde el asesinato de su hijo, Yoya padece problemas renales, dolores de cabeza e insomnio.

“No quería entrar a mi casa. Tenía la necesidad de estar todo el día en la calle. No quería estar allí. Sentía que lo escuchaba por la ventana. Era difícil”, comenta.

“A mi hijo lo sacaron esposado y sin camisa de su casa, cómo iba a disparar un arma si estuvo sometido y esposado durante más de cinco horas”

Rosa Ángela Justiniano

Sus manos tienen los signos del trabajo duro. Levantó a sus hijos trabajando como doméstica. Yoya dice que quisiera volver a ver, cara a cara, a los funcionarios que habrían ejecutado a su hijo. Está convencida de que el asesinato corresponde a una perversa e inconfesable lógica de los cuerpos policiales: si en un barrio matan a un policía sobreviene una razzia para hallar al culpable y surge el riesgo de que paguen justos por pecadores. En esa oportunidad, ese 15 de febrero de 2018, en La Acequia habían matado a dos policías, a las 7:00 am. A las pocas horas, las FAES llegó  al barrio para tomar venganza, “para llevarse a alguien por los cachos, a cualquiera que encontraran”; no para hacer justicia, sostiene Yoya.

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La represión y el abuso policial también convierte en víctimas a los familiares de los asesinados/ Foto Mikel Ferreira

“Lo vinieron a buscar porque lo acusan de haber participado, ese mismo día, en la muerte de dos policías. Dijeron que mi hijo era parte de un grupo de delincuentes. Ese día él estaba llegando del hospital, como a las 7:00 am, porque su hijastra iba a dar a luz. Luis Alberto no mató a nadie. Ellos lo acusaron de un crimen que no cometió”, insiste la madre. Y agrega: “Él era alegre y cariñoso. No solo estaba pendiente de mi comida y mis medicinas, me hacía reír”.

Yoya cuenta que Rodríguez Justiniano trabajaba como  obrero de la construcción, pero últimamente descargaba camiones de comida en el Mercado de Quinta Crespo y colectaba plástico para luego venderlo a empresas de reciclaje. “Lo de él  era escuchar vallenato y trabajar”, explicó la mujer desde su hogar, decorado con fotos de familiares.

“¿Sabes?, a él lo radiaron y cuando vieron que tenía antecedentes por robo, le dijeron a John, el segundo hijo de Luis Alberto, que iban a matar a su papá”

Rosa Ángela Justiniano

Rodríguez Justiniano era pareja de Adrianis y vivían juntos desde hacía siete años.  Ella tiene cinco hijos de edades comprendidas entre 9 y 17 años de edad. Él tenía una hija de 16 años. Luego de permanecer tres meses preso, tuvo que cargar con el estigma de tener antecedentes penales que le dificultada encontrar un empleo fijo, con el quince y último asegurado. Adrianis recuerda que todos los días, a las 5:00 am, se despedía de ella sin la seguridad de poder regresar con algo de comida para la familia.

“No era un santo, pero tampoco un delincuente. Mi hijo hizo todo lo posible para no caer en malos pasos. Cuando lo agarraron preso, pagó por un crimen que él no cometió y luego lo condenaron por eso”, afirma Yoya.

La imagen de su hijo dentro de un ataúd la atormenta. Con cada sobresalto vuelve la pregunta: “¿Por qué, Señor, por qué?” En las madrugadas, cuando no puede dormir, Yoya cose a mano ropa para alguno de sus 30 nietos y 16 bisnietos, pero admite que su preferida es una niña de 12 años de edad, a quien ha criado desde que era bebé.  Requirió dos meses de terapia para volver a descansar toda una noche. Pero solo ocurrió una vez, el insomnio persiste.

Desde que asesinaron a su hijo, experimenta una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Yoya hubiera preferido más apoyo de su familia, se siente sola. En marzo, contaba con la compañía  de su hija Yuli y de su nuera Adrianis para hacer gestiones ante el Ministerio Público. En abril, solo su nuera la acompañaba. Desde mayo, está íngrima en su empeño de refutar la resistencia a la autoridad como móvil del asesinato. El sentido común le indica que no será fácil llevar a la cárcel a los presuntos victimarios; sencillamente, porque son policías, porque son la autoridad. Y es que, ni más ni menos, fue la autoridad encarnada en funcionarios de las FAES la que le mató a su hijo.

III

Adrianis se siente culpable de la muerte de su esposo. Cree que de haber insistido los funcionarios policiales lo habrían dejado libre. “Mis hijos también estaban en la casa. Cuando sacaron a mi esposo, los funcionarios también sacaron a mis dos chamos de 17 y 14 años. Les apuntaban con unas pistolas. Yo les suplicaba que no les hicieran nada. Se los querían llevar, no sé a dónde. Tuve que elegir y escogí que sacaran a mis muchachos. Ellos me hicieron caso. Luis murió y mis hijos se salvaron. Todos los días lo pienso y  eso me rompe el corazón”, relata.

“Mis hijos también estaban en la casa. Cuando sacaron a mi esposo, los funcionarios también sacaron a mis dos chamos de 17 y 14 años. Les apuntaban con unas pistolas”.

Adrianis Ollarves

La casa donde ocurrió la tragedia está en la parte más alta del sector Las Cumbres. Tiene tres cuartos; uno para la pareja, otro para los adolescentes y, en el tercero, Rodríguez Justiniano tenía un altar con muchos santos, la mayoría heredados de su hermano mayor, que lo inició en las prácticas espiritistas. Destaca una imagen de Las Tres Potencias: María Lionza, el Negro Primero y el indio Guaicaipuro. Adrianis admite que prefería no entrar al cuarto de los santos: “esas eran cosas de Luis”. El cuidado del altar quedó en manos del hijastro mayor. Otro de los descendientes de Rodríguez Justiniano abusa del alcohol y eso preocupa  a toda la familia.

“Luis practicaba el espiritismo siempre para hacer cosas buenas. Era colaborador con las personas de la comunidad, sobre todo cuando le pedían su ayuda”, explicó Adrianis, quien después del primer mes, desistió de continuar conversando con Proiuris y también se alejó de Yoya. En verdad, se alejó de todo lo que la vinculara a la tragedia: Adrianis prefirió irse  con sus hijos del barrio, al menos una temporada.

IV

-¿Siente rencor, señora Yoya?

-¿Y cómo no sentirlo?, la policía me mató un hijo; malamente me mató a un hijo.

El 13 de abril, Yoya fue al Ministerio Público para consignar la denuncia. Sola, con una carpeta en la mano, dejó la solicitud de inicio de una investigación, pues, por lo general, los casos de “resistencia a la autoridad” no se investigan de oficio. En los tres meses siguientes ha vuelto dos veces a la Fiscalía 132° de Derechos Fundamentales. Le pidieron que suministrara nombres y direcciones de testigos de la presunta ejecución extrajudicial de Luis Alberto, y los ha aportado. “Pero, hasta donde yo sé, no han llamado a nadie a declarar”, acota.

A pesar de la impunidad y el peso de sus 67 años de edad, Yoya sigue dispuesta a superar todos los obstáculos que emergen de la burocracia judicial, a bajar y subir las escalinatas del barrio La Acequia cuantas veces sea necesario, para que los policías que mataron a su hijo (“malamente”, insiste) vayan presos. Va al ritmo que su cuerpo y su deseo de justicia le imponen, pero persevera.