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La violencia estatal ejercida contra los sectores más pobres de la población venezolana se registra en  minutas policiales que se filtran a la prensa, con la pretensión de que la versión oficial de los hechos de sangre se propague como verdad indiscutible  y justificación de una política de mano dura contra el hampa.

Los indicadores de letalidad apuntan hacia una inconfensable estrategia de exterminio a través de ejecuciones extrajudiciales que ha sido promovida por las más altas autoridades gubernamentales. Ministros y jefes policiales y militares apelan a una neolengua, al estilo orwelliano, que incluye eufemismos, como “abatido”, “neutralizado” y “dado de baja”.

Con el apoyo de expertos, Proiuris analizó 100 minutas que dan cuenta de 171 asesinatos. La narrativa oficial se orienta a desconocer las identidades de personas estigmatizadas como escorias que no merecen llanto. Sin embargo, contra los mecanismos de impunidad, Proiuris también muestra los rostros y las voces de las víctimas sobrevivientes, cuyos relatos revelan que la verdad oficial no es más que una perversión del poder.

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